“Uno no puede irse conforme, tengo dos familiares muertos y dos en terapia. Pero esto sirvió para tenerlo frente a frente y decirle en la cara que parte de los hechos le corresponden a él y que no se puede desentender de lo que pasó.” La declaración que realizó en la puerta de la Jefatura de Gobierno porteña Marcelo Calderón, quien perdió a su hermano y su sobrino en República Cromañón, sintetiza el ánimo que dominó las reuniones que Aníbal Ibarra mantuvo ayer con familiares de las víctimas de la tragedia. Además de escuchar sus relatos y demandas, Ibarra les prometió que colaborará con la Justicia y que la comuna les dará la atención psicológica que necesiten. En respuesta a la inquietud de algunos familiares de participar en el futuro de los controles a los boliches, se creará un registro para que se anoten aquellos que quieran realizar esa tarea.
Ibarra recibió a un primer grupo de familiares por la mañana y a otro por la tarde. En ninguna de las dos reuniones hubo más de 20 personas. Cuando se planteó recibirlos, las autoridades porteñas evaluaron la manera de hacerlo y optaron por armar tantas entrevistas reducidas como fueran necesarias en lugar de hacer un único encuentro multitudinario. “Preferimos las reuniones chicas para que fuera posible restaurar el diálogo, hoy cortado, entre los familiares y el gobierno”, explicó a Página/12 un allegado al jefe de Gobierno.
Tanto a la mañana como a la tarde, las reuniones arrancaron con cierta tensión que fue cediendo con el correr de los minutos. Ibarra recibió a los familiares junto a la subsecretaria de Derechos Humanos, Gabriela Alegre. “Las reuniones fueron muy positivas y necesarias para todos. Para la gente es necesario poder encontrarse con aquellos que le pueden dar información”, aseguró la funcionaria, quien adelantó que hoy y en los próximos días habrá nuevos encuentros y que se recibirá primero a quienes así lo soliciten.
“Nadie le pidió la renuncia. Más que una reunión política fue una reunión humana donde cada uno dijo lo que sentía”, contó Calderón, uno de los asistentes a la reunión de la tarde. No obstante, según precisó, fueron varios los que salieron con los tapones de punta contra Ibarra anticipándole que el Gobierno porteño estará en la lista de acusados junto a Omar Chabán y la banda Callejeros.
“Lo siento por el grupo, pero tampoco tiene que esconder la cabeza como el avestruz porque tiene algún grado de responsabilidad. Parte de la organización era de ellos, el socorrista que murió (Jorge Emiliano Giralt) trabajaba con la banda”, sintetizó Calderón, quien también tiene a su cuñada Miriam y a su sobrina Romina internadas en terapia intensiva en el Hospital Militar.
A Ibarra “le preguntamos por qué no hubo controles, por qué sucedió lo que sucedió. Le dijimos que el gobierno tiene que estar preparado para cosas como esas y que él se fije bien quiénes son sus colaboradores”, enumeró Calderón. Comentó también que Ibarra respondió “de manera muy general” a los planteos de cada familiar. Pero hizo hincapié en el severo pedido de que haya más controles en los boliches y “después, medio que se disculpó, pero era obvio que tenía que hacerlo porque el gobierno tiene mucha culpa en esto”.
Algunos con fuertes demostraciones de dolor y otros con reproches, contaron la manera en que habían muerto sus seres queridos, los “maltratos” que habían sufrido durante el proceso de reconocimiento de los cadáveres en la Morgue Judicial y las “tardanzas” en la entrega de los cuerpos, “porque la cochería que tenía a cargo el servicio fúnebre no dio abasto”.
Para unos, la charla fue tan desgastante que el cuerpo lo sintió, tal el caso del ex comisario Jorge Luis Giralt, padre del socorrista muerto al intentar salvar a otros chicos. Luego de hablar dijo “me siento mal” y salió. Debió ser trasladado al Hospital Argerich, en una ambulancia del SAME. No fue el único: una mujer, agobiada por el calor y la situación de nervios, también se descompuso y debió ser atendida por los médicos.
Calderón destacó que “Ibarra no prometió más de lo que vino diciendo en los medios. Y necesitamos más de lo que nos puede dar”. A modo de evaluación, el muchacho reflexionó que “uno no puede irse conforme, tengo dos familiares muertos y dos en terapia. Pero esto sirvió para tenerlo frente a frente y decirle que parte de los hechos le corresponden”.
El encuentro de la tarde duró dos horas. Cuando terminó, ocurrió un hecho sorprendente y, a la vez, sugerente: los familiares salieron en dos turnos y evitaron hablar con la prensa. Cuatro se retiraron raudamente por la puerta de Avenida de Mayo 525, custodiados por una empleada del Ejecutivo porteño que los subió a un taxi. Ante las quejas de los reporteros, la mujer entró y luego salió a dar explicaciones un vocero del gobierno, quien afirmó que “los familiares no iban a hablar” con los medios, pero no aclaró si esa decisión fue tomada motu proprio o por sugerencia del gobierno.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.