Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

El presidente boliviano Carlos Mesa, quien asumió en octubre de 2003, luego de que una asonada popular expulsara del poder a Gonzalo Sánchez de Lozada, se enfrenta a una nueva ola de conflictos, potenciados por el alza de los carburantes. Los paros cívicos en las ciudades de El Alto, colindante a La Paz, y Santa Cruz de la Sierra, el motor de la economía boliviana, han crispado el clima político en el país andino, luego de un año de relativa calma social.
Las protestas iniciadas el lunes responden a múltiples causas, que tienen como sustrato el empobrecimiento generalizado de la gran mayoría de los bolivianos. En el caso de la ciudad de El Alto, el conflicto se vincula al pedido de expulsión de la empresa Aguas del Illimani, subsidiaria de la francesa Lyonnaise des Eaux y acusada por los vecinos de incumplir sistemáticamente el contrato, no extendiendo la cobertura a los barrios más pobres y aumentando las tarifas en función de la cotización del dólar. Desde el lunes, las principales avenidas y accesos de esta urbe de 750.000 habitantes amanecieron bloqueadas por miles de vecinos, pertenecientes a la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), que amenazaban con “chicotear” (azotar) a quienes se atrevieran a atravesar los puntos de bloqueo. Las características geográficas de esta ciudad, mayoritariamente aymara, permiten que los bloqueos dejen casi aislada la sede de gobierno, lo que contribuye a amplificar sus movilizaciones.
Después de dos días de paro total, el gobierno puso a consideración de la Fejuve un decreto de “ruptura concertada” con la firma francesa, para evitar el pago de una elevada indemnización, resolución que debe ser evaluada por las bases en los distintos distritos y que, en caso de aceptarse, desactivaría las protestas. El antecedente del actual conflicto es la expulsión, en abril de 2000, de la firma Aguas del Tunari –subsidiaria de la transnacional Bechtel– de la ciudad de Cochabamba, que hoy le reclama 25 millones de dólares al Estado boliviano.
Por otro lado, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el contundente paro cívico de 48 horas, convocado por el Comité pro Santa Cruz contra el aumento de los carburantes se produce en un contexto de reivindicaciones de autonomía regional, liderada por los sectores empresariales, pero con un significativo apoyo social.
En el día de ayer, la propuesta del gobierno, que incluye la eliminación de aranceles de importación a bienes empleados en la agricultura y la prórroga de deudas para los pequeños agricultores y productores campesinos fue rechazada por los cívicos cruceños, y el presidente del Comité Cívico, Raúl Costas, habló de profundizar las medidas de presión destinadas a anular el decreto de aumento de los carburantes. Dichas medidas serán analizadas en una Asamblea de la Cruceñidad, en cuyo seno cobró fuerza el reclamo de renuncia del presidente de la república. Costas calificó a los seis decretos supremos emitidos por el gobierno como “ofensivos” y los rechazó, pues aseguró que la consigna de la lucha es “por el bolsillo del pueblo”.
Frente a este panorama, el presidente Carlos Mesa intenta consolidar una mínima base de apoyo parlamentario. El recientemente conformado “bloque patriótico de unidad nacional” en el Parlamento, conformado por los denominados “transversales”, intenta suplir la falta de estructura partidaria del actual mandatario, que el pasado domingo amenazó con renunciar si las protestas se radicalizan.
La estructuración de este bloque está visibilizando las divisiones al interior del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, ya que algunos senadores, como Carlos Sandy, se sumaron a la iniciativa, uno de cuyos más entusiastas operadores es el senador Filemón Escobar, expulsado hace algunos meses del MAS, luego de la aprobación de la ley de inmunidad para las tropas estadounidenses con la ausencia de los senadores masistas. Desde el comienzo de la crisis el partido de Evo Morales estuvo ausente y, en sus escasas declaraciones, la posición del líder cocalero fue vacilante: luego de proponer el llamado a elecciones anticipadas como salida a la crisis, Morales se retractó ante la falta de consenso interno, repitiendo la pendularidad que caracterizó al MAS en la crisis de octubre de 2003.
El Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra apuesta a la salida anticipada del presidente Mesa, en el marco de su oposición al clima nacionalizante que siguió a la “guerra del gas” y su alineamiento con los intereses de las empresas petroleras. En la vereda opuesta, la Central Obrera Boliviana (COB), sin capacidad efectiva de movilización, y algunos sectores campesinos liderados por Felipe Quispe, ha coincidido con este reclamo, mientras que amplios sectores sociales del resto del país consideran que una salida del actual mandatario –sin una alternativa de gobierno progresista a la vista– podría agravar la situación actual, ya que asumiría el senador Hormando Vaca Diez, asociado a la vieja política y con nula representatividad en el oeste del país. Abel Mamani, presidente de la Fejuve de El Alto, sostuvo que se trata de “una protesta cívica, alejada de los intereses políticos” que no busca la renuncia del primer mandatario sino lograr que “cumpla con sus promesas”.
En ese temor, junto a la incertidumbre política que supondría su renuncia, se apoyó el discurso del domingo de Carlos Mesa, quien convocó a los sectores moderados –potencialmente mayoritarios, pero portadores de una fuerza social difusa– a no dejarse “capturar por los radicales de uno y otro signo”. Así, perpetuando la irresolución del poder y en un contexto de fuerte fragmentación política y social, los movimientos sociales del oeste y los sectores elitarios del este conservan capacidad para incidir sobre las políticas públicas, combinando métodos institucionales y extrainstitucionales.
Irónicamente, fue una situación de este tipo la que terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, de quien Mesa era su vicepresidente, pero supo despegarse a tiempo para asumir su lugar en una situación de caos.