La violencia que sacude a Colombia tuvo ayer un nuevo desborde como efecto de la guerra que libran los grupos guerrilleros y los paramilitares y la incapacidad del ejército de frenarlos: las FARC hicieron estallar un cilindro bomba de gas en una iglesia del norte de Colombia que dejó sin vida al menos a 60 personas, la mayoría civiles, un centenar de heridos y 145 desaparecidos. El ataque habría sido en represalia por el ingreso en la zona de unos 500 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y a pesar de que Estados Unidos insista con que su ayuda a Colombia se restringe a la lucha antinarcotráfico, una ONG estadounidense reveló ayer unos documentos desclasificados de Washington que darían cuenta de una asistencia estadounidense a la lucha antiinsurgente encubierta bajo el marco de la ley.
El Archivo Nacional de Seguridad, una organización no gubernamental que funciona en la órbita de la Universidad George Washington, difundió documentos que muestran que Estados Unidos está actuando directamente contra las guerrillas colombianas, concluyendo que “Estados Unidos está por involucrarse más profundamente en el conflicto colombiano”. Pese al límite legal que ajusta el apoyo norteamericano a la lucha contra el tráfico de drogas, Estados Unidos ha traspasado esa línea hacia la lucha antiterrorista, como lo ponen en evidencia los documentos de la CIA, del Departamento de Estado y la DEA entre otraa agencias de Estados Unidos, que fueron solicitados por la ONG. Inicialmente los acuerdos entre Estados Unidos y Colombia para la lucha antinarcóticos establecían que la asistencia sólo podía ser utilizada en áreas de producción de drogas, pero esos documentos dan cuenta de una redefinición del campo a “todo el territorio nacional de Colombia”, señaló el informe.
Tras romper las negociaciones de paz con la principal guerrilla de las FARC el pasado 20 de febrero, el gobierno colombiano es espectador y protagonista de un recrudecimiento de la violencia en todos los frentes, con ataques guerrilleros contra la infraestructura del país, enfrentamientos con el ejército y la intervención de los grupos de ultraderecha paramilitar. En este contexto se inscribe la explosión de ayer de un cilindro bomba en una iglesia del norte de Colombia donde los civiles buscaban refugio de los combates entre guerrilleros y paramilitares que se venían enfrentando desde el comienzo de la semana, en el municipio de Bojayá, departamento del Chocó. El saldo: unos 60 muertos, la mayoría civiles, 93 heridos y 145 desaparecidos en menos de 48 horas. El gobernador encargado de Chocó, David Emilio Mosquera, al ratificar el balance, indicó que “las víctimas están dentro del casco urbano, en la cabecera municipal de Bojayá. En ese sitio, según la información que tenemos, están las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y entonces fueron atacadas por las FARC”.
Las autoridades colombianas habían informado desde el lunes pasado de combates entre la guerrilla de las FARC y paramilitares en una zona que comprende los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte. El coronel de la policía Ricardo Vargas indicó que en los combates participaron al menos 500 paramilitares y 300 guerrilleros. Otra situación crítica se presentaba en el departamento de Nariño, al sur de Colombia, donde también desde el lunes se producen combates entre la guerrilla y los paramilitares, que habrían provocado 20 muertos entre los primeros y 10 entre los segundos, según señaló el secretario de gobierno de Nariño, Eduardo Realpe.
Mientras tanto, el presidente Andrés Pastrana pidió una revisión a la decisión de la Unión Europea que el jueves no incluyó a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su ampliación del listado de organizaciones terroristas ya que “envía una señal de tolerancia de Europa” con el accionar de las mismas, y así “constituye un mensaje doloroso para el pueblo colombiano que sufre las consecuencias”. La UE, en lo que fue una virtual declaración política, sí incluyó a las AUC.