Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

En medio de las vacilaciones del gobierno de Carlos Mesa, el Comité pro Santa Cruz de la Sierra avanza a paso firme con un objetivo definido, ya conocido como “agenda de enero”: lograr la autonomía departamental. Esta agenda fue ratificada por el masivo cabildo del 28 de enero pasado, cuando alrededor de 200.000 personas lograron arrancarle a Mesa el compromiso de convocatoria a un referéndum autonómico para el 12 de junio próximo y votaron la conformación de una asamblea provisional autonómica. Esta instancia –erigida en una suerte de organismo gubernamental de facto– será posesionada hoy con la tarea de avanzar en la “transferencia de competencias entre el gobierno central y departamental”, la “elaboración del estatuto autonómico” y la “viabilización de la elección directa del prefecto” (gobernador) comprometida por Mesa. En una entrevista con el matutino cruceño El Deber, el recién electo presidente del Comité Cívico cruceño en reemplazo de Rubén Costas –el neurocirujano Germán Antelo– sostuvo desafiante: “Nuestro lema es la autonomía y el gobierno departamental. Que no nos vengan con burreras, que no venga el presidente a decirnos que su tema es la Asamblea Constituyente y no la autonomía, no queremos más charlas”.
El país se encuentra hoy polarizado entre dos posiciones que parecen antagónicas: convocar a un referéndum autonómico antes de la Constituyente o discutir el tema de las autonomías en esa instancia soberana, sin condicionamientos previos. El asunto es claro: a las elites cruceñas no les interesa –más bien desconfían– de una Constituyente que probablemente no puedan controlar (y que puede definir temas centrales como la propiedad de la tierra y de los hidrocarburos, dos asuntos sensibles en la región) y los movimientos sociales y dirigentes políticos del occidente consideran que el referéndum previo a la Constituyente es una maniobra dirigida a “devaluar” y condicionar a esta última como instancia fundacional del país. Los empresarios cruceños ya le exigieron al gobierno que primero se lleve a cabo el referéndum para definir las autonomías regionales y luego la Asamblea Constituyente. Si desde occidente ponen trabas, “la asamblea autonómica debe asumir el desafío histórico de llevar adelante un referéndum de facto”, declaró el vocero del Comité Cívico, Carlos Dabdoub. A su turno, las bancadas parlamentarias de los occidentales departamentos de La Paz, Oruro, Chuquisaca y Potosí resolvieron organizarse en un bloque para rechazar el proyecto de ley de convocatoria al referéndum para las autonomías.
La reciente renuncia de Ricardo Paz, secretario técnico de la Unidad de Coordinación de la Asamblea Constituyente, obligado por las presiones del Comité Cívico Pro Santa Cruz, sumada a las planteadas tiempo atrás por Evo Morales, son sólo un síntoma del mar de incertidumbre que rodea la convocatoria a la Constituyente y al propio gobierno, zarandeado por las presiones corporativas y sectoriales. Como dato anecdótico, la recientemente posicionada ministra de Salud, María Teresa Paz, fue “volteada” en 24 horas por el sindicato de la salud, por haber sido una de las operadoras parlamentarias del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en octubre de 2003 por la asonada popular conocida como la “guerra del gas”.
Por lo pronto, el presidente Mesa le ha pasado al Parlamento la responsabilidad de la convocatoria al referéndum autonómico –un compromiso asumido de forma personal ante los cruceños– lo que ha provocado encendidas reacciones de los parlamentarios. “No puede ser que el presidente ande asumiendo compromisos con unos y con otros y luego le pase el bulto al Congreso. Nosotros no podemos estar resolviendo sus problemas”, reclamó Gustavo Torrico, diputado del MAS, en declaraciones a Página/12.
Este clima de incertidumbre institucional pone en evidencia un dato de mayor envergadura: la pérdida de iniciativa de los movimientos sociales y la recomposición de la capacidad de los sectores empresariales orientales para marcar el ritmo de la política nacional. “De todas las agendas pendientes, la cruceña es la única que avanza sin encontrar obstáculos, porque, a diferencia de la de los movimientos sociales, tiene un contenido claro. Y, ciertamente, no es ni la más urgente ni la más legítima”, dice el experto en Derecho Constitucional José Luis Martínez, consultado por este diario. Los avances autonómicos contrastan con la lentitud para aprobar el proyecto de ley de hidrocarburos elaborado por la comisión Mixta de Desarrollo Económico, prácticamente empantanado en el Parlamento por las presiones conjuntas del gobierno nacional, la cooperación internacional –que amenaza con recortar la imprescindible ayuda financiera al país– y las propias empresas petroleras, que la consideran “violatoria de la seguridad jurídica y confiscatoria”.