Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

“Hay una paz frágil que dependerá de los resultados del tratamiento de la ley de hidrocarburos en el Senado”, sintetizó el líder opositor Evo Morales en referencia al clima político y social que vive el país, inmerso en un cuarto intermedio en la conflictividad social favorecido por los feriados de Semana Santa y la entrada del controvertido proyecto de ley para su tratamiento por el Senado. Sin embargo, lo que debería consistir en una “revisión” por parte de la Cámara alta amenaza con devenir en cambios de fondo sobre lo aprobado en Diputados. El mandatario –pese a haber señalado en uno de sus últimos discursos que se resignaba a no intervenir más en el debate sobre la ley– ya adelantó observaciones a 18 puntos, entre ellos la migración obligatoria de las petroleras a nuevas modalidades de contrato, las funciones regulatorias de la refundada YPFB, el derecho a “veto” de los pueblos indígenas sobre proyectos petroleros en sus territorios y la controvertida cuestión de los impuestos y regalías.
El gobierno sigue defendiendo que el impuesto del 32 por ciento, para llegar al 50 por ciento de los ingresos para el Estado, sea deducible y acreditable contra otros tributos, posición rechazada por la Cámara baja y los movimientos sociales. Al igual que las petroleras, considera el actual esquema “confiscatorio” y un revés a las inversiones. Repsol YPF y Petrobras ya amenazaron con reducir sus inversiones en el país si el proyecto se mantiene tal como fue aprobado en Diputados y el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, insiste con la posibilidad de juicios en tribunales arbitrales.
La comisión de Desarrollo Económico del Senado –que retomará mañana la discusión del proyecto, previo al tratamiento por el pleno de la Cámara– invitó a todos los sectores del país, incluido el Ejecutivo y las petroleras, a enviar sus observaciones al proyecto, lo que amenaza con reabrir el debate y reactivar los conflictos sociales. “Estamos en alerta por si sacan de la ley los derechos de los pueblos indígenas, en cuyo caso iniciaremos medidas de presión que incluirán el bloqueo de los pozos petroleros”, advirtió a Página/12 Fabián Cayo, dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guazu y representante de una comunidad cercana al campo Margarita, explotado por Repsol YPF. “Damos dos semanas para que el gobierno defina si está con el pueblo o con las transnacionales”, dijo Román Loayza, dirigente campesino y senador del MAS. La tregua y la asistencia al diálogo convocado por el gobierno por parte del flamante y heterogéneo Pacto Antioligárquico serán definidas hoy en una reunión en Cochabamba, según informó Evo Morales.
Muchos analistas y dirigentes políticos admiten que “hay una pausa, pero todo sigue igual”, y la duda persiste: ¿llegará Carlos Mesa hasta el 2007? Las encuestas siguen sonriéndole al mandatario, considerado el principal factor de contención frente a una crisis de mayores dimensiones. Según un sondeo reciente de la encuestadora Apoyo, el 60 por ciento de los consultados apoya al presidente, contra el 21 por ciento de Morales. La escasa representatividad de quienes deberían ocupar el sillón presidencial en caso de una sucesión constitucional y la crisis de los partidos para enfrentar un proceso de elecciones anticipadas le permiten al ex periodista cierto margen de maniobra, aunque muy estrecho, para seguir en el cargo. Los menos optimistas, como el analista Jorge Lazarte, consideran que la crisis va más allá de la administración Mesa, por lo que otro gobierno, en las actuales circunstancias, no garantizaría una mayor estabilidad. La actual fragmentación política conspira contra una recomposición política vía un adelantamiento de elecciones. De esta forma, continúa lo que el sociólogo francés Jean-Pierre Lavaud denominó el “embrollo boliviano”, en referencia a la constelación de fuerzas desestabilizadoras que impidieron la consolidación institucional del país andino. Esas tensiones históricamente dieron lugar a respuestas autoritarias por parte de las Fuerzas Armadas. Hoy, esas salidas de fuerza –aunque posibles– parecen más lejanas y el consenso en mantener el marco institucional más extendido, aunque estos acuerdos mínimos no resultan suficientes para garantizar la gobernabilidad y sacar al país de la postergación de larga data que enfrentan cotidianamente sus habitantes. Así pervive el actual “empate hegemónico”. Quienes promueven una mayor integración a la economía global –ahora mediante el TLC– no logran imponer su proyecto. Y los movimientos sociales –incluido el MAS de Evo Morales– cargan con la pesada herencia de ser más eficaces para vetar políticas opuestas a sus intereses que para llevar a la práctica propuestas alternativas desde la esfera estatal.