Pocos han subrayado la importancia de la decisión del gobierno de Brasil de no renovar el acuerdo con el FMI, que no se debilita, como algunos dicen, porque al mismo tiempo haya ratificado la política de disciplina fiscal. ¿Qué esperaban? ¿Que proclamara que llegó la hora de tirar manteca al techo? El ajuste fiscal en sí no dice nada: lo que importa es qué se ajusta, en qué se gasta, quién paga y, en resumen, para qué política. Esto es: la sustancia y no la forma.
Vale entonces analizar la decisión del gobierno Lula:

1) Elemental: Brasil afirma su autonomía, concepto que, admito, también puede ser formal: la autonomía depende del quién y del para qué; pero
2) el gobierno Lula había reclamado al Fondo, sin suerte, que en su tutoría no contabilizara las inversiones públicas como gasto, por lo que la autonomía ya tiene un contenido concreto: lo congruente es concluir que en el cálculo del superávit fiscal no se incluirán esas inversiones, por ejemplo, el ambicioso proyecto de canalización del río San Francisco, tan prometido y tan antiguo como las secas nordestinas a las que apunta, y
3) tal vez lo más importante: en el mundo de capitales globalizados Brasil afirma su membrecía en los BRIC ( Brasil, Rusia, India y China, el grupo que de acuerdo con Goldman Sachs ya en el 2025 liderará la economía mundial) sin necesidad de tutores que indiquen a esos capitales si es bueno o no apostar a Brasil.
Basta con lo anterior para justificar la importancia de esta decisión brasileña que, por otra parte, no tiene nada de gestual: el ministro Paolocci informó que se adoptó 15 meses atrás y Marco Aurélio Garcia, mano derecha de Lula en política exterior, lo anunció hace 10 meses en... Buenos Aires.
Es útil, sin embargo, completar el cuadro con el debate actual: la carga fiscal. La política de disciplina fiscal y de control de la inflación seguida ha revertido la recibida del gobierno FH Cardoso. Algunos datos: el saldo de la cuenta corriente pasó de menos 5 por ciento del PBI a más 2; la deuda atada al dólar bajó del 40 por ciento al 5; las reservas en millones de dólares subieron de 38 mil a 62 mil y se pronostica serán 81 mil a fin de año. A su vez, el PBI creció 5,2 por ciento a 605 mil millones de dólares con aumento del consumo familiar junto con la tasa de inversión, que llegó a 19,6 por ciento, la mayor desde 1998, y la tasa de ahorro, 23,2 por ciento, la mayor desde 1991. El incremento de la capacidad de financiamiento (36 mil millones de reales), siempre negativa en el gobierno Cardoso, permitió la reducción de deudas al sector privado. El índice de precios subió 6,6 por ciento, menos de lo pronosticado, y la relación de la deuda pública con el PBI (30 por ciento) tuvo en el 2004 la primera caída desde 1994. Subió el salario mínimo y los aumentos salariales reales de los convenios laborales fueron los mejores de los últimos ocho años.
La política seguida se ha basado en suba de impuestos más intereses altos, pese a lo cual la economía, como se ve, ha crecido y crece de bien para muy bien. Parece haber algo más que un jaque a la ortodoxia de la heterodoxia, que exige aproximarse a cierta especificidad brasileña.
El gobierno Lula ha detenido la política de privatizaciones que caracterizó al gobierno Cardoso. Sin embargo, el Estado no ha recuperado su tradicional papel en la inversión. La brasileña es una economía con un sector importante que responde a la lógica del capitalismo (el industrial, no el meramente comercial), que es el responsable de ese crecimiento y que ha continuado invirtiendo, aun con recursos propios y no con crédito bancario.
Junto a ese sector convive un poderoso sector financiero, fortalecido bajo el gobierno de Cardoso que apunta a la inserción en la globalización a través de la dolarización de hecho y la renta financiera. Para este sector financiero el control y monitoreo del Fondo es un aliado necesario para mantener en jaque las decisiones del poder político, y así lograr una política como la de Cardoso de dólar bajo y alta tasa de interés, que fue la responsable del crecimiento de la carga fiscal bajo su gobierno, que subió hasta llegar a 36 por ciento del PBI.
En contraste, al sector productivo o de lógica capitalista la carga fiscal lo perjudica. Su gran peso en el consumo achica el mercado interno, debilita el tipo de cambio alto y con ello las exportaciones y las inversiones externas, mantiene alta la tasa de interés, le sustrae recursos a favor de actividades burocráticas, mantiene una baja productividad del trabajo.
En un país de monstruosos contrastes sociales la carga fiscal está en el promedio de los países de la OECD, el club que reúne a los desarrollados. La baja que se propone no es, por cierto, “destruir el Estado para agrandar la Nación” sino un plan de reducción paulatina hasta llegar al 30 por ciento; aun así mucho más que la presión tributaria argentina. ¿Por qué? Porque este sector, productivo en sentido estricto, no pretende lucrar para exportar dólares sino defender su espacio nacional y agrandar el mercado interno con un Estado activo, para así asegurar la reinversión de su ganancia.
Todo esto está en juego detrás de la decisión del gobierno Lula sobre sus relaciones con el FMI. En definitiva, un paso importante más en la política cuyo objetivo es liberarse de la dependencia del sector financiero globalizado. La próxima batalla girará alrededor de esos otros contenidos más sustanciales.
La otra cuestión a subrayar es la ejemplar, para la Argentina, que tiene varios aspectos. Se dice entre nosotros: ¿cómo es posible que esta decisión sea “buena” si los “malos”, EE.UU. y el Fondo mismo, la aplauden? Sería útil realizar una pregunta más concreta: ¿los “malos” –esos y otros– buscan un Brasil en crisis permanente y monitoreado por el FMI, cumpliendo la función de exportador de dólares, como fue la convertibilidad menemcavallista, y reducida su economía a los “servicios” –desde lustrabotas a turismo, pasando por limpiavidrios– aunque luego explote y sea Irak? La respuesta afirmativa no parece seria, sin que esto implique discutir ni negar tesis de dominación alguna. Me parece que si Brasil, país continente y caldera social (el plan Hambre Cero se dirige a 11,4 millones de familias y el 40 por ciento de los 180 millones de brasileños no llega a un ingreso de 5 reales mensuales), encontrara la forma de no vivir en crisis permanente los “malos” no estarían tristes y si escatológicamente esto significara un futuro de contradicciones o competencia, en ese momento los “malos” verían qué hacer. Al fin de cuentas hasta ahora su historia les ha mostrado que los instrumentos abundan: viven más para hoy que para mañana, sobre todo ahora con el “fin de la historia”.
Hay otras lecturas de ejemplaridad y desde otros ángulos: esta decisión la adopta un gobierno estructurado sobre la base de un acuerdo, en términos clásicos, policlasista, que se expresa en un programa nacional cuyo liderazgo lo ejerce un partido de origen obrero, basado en movimientos sociales, con proyecto estratégico y hasta con utopías, de masas y de cuadros, con un líder que expresa y simboliza una construcción y no una respuesta coyuntural. Dejar de lado la tutela del FMI debe entenderse desde esa perspectiva, esto es, como la ratificación de la pretensión de dirigir, aun en plena globalización, un proyecto nacional; entendiendo lo nacional, por un lado, como instrumento: autonomía de decisiones y, por otro, como sustancia: la participación y el beneficio de los sectores que precisamente por desposeídos son los más nacionales. ¿Quiénes, desde ya, pierden? Está dicho: los que encuentran en la opinión del FMI un apoyo para sus pretensiones. En Brasil son sólidos, su raigambre es real y no un mero reflejo de lo externo.
Pero hablamos de ejemplos y no es así acá, en la Argentina, donde dominan los representantes sin representados, esto es, quienes por su autoridad intelectual o el peso de sus intereses no podrían influir en la disputa seria de conflictos concretos, es decir, cuyo peso social e influencia dependen absolutamente de la opinión de afuera, de lo que diga el Fondo, el tesoro de EE.UU., The Wall Street Journal o la Voz de Wichita City, porque ¿qué agente de intereses económicos serios fundaría una decisión sobre la opinión del Dr. Escribano o del licenciado Jorge Avila? ¿Quién con seriedad puede confiar en los pronosticadores de un dólar a diez pesos para el fin de 2002?
Sin la cita de lo que dice el Fondo estos representantes de sí mismos, como diría Barrionuevo, “no esssisten”.
Esto explica que mientras en San Pablo el sector financiero tratara de desvalorizar la decisión del gobierno enfatizando el compromiso de ajuste fiscal para pagar deuda, en esta reina del Plata La Nación omitiera en su portada toda referencia a la decisión brasileña de no supeditar su política económica a la tutoría del FMI.