De desaforado a candidato en campaña. A cuatro días de que se diera definitivamente por cerrado el conflicto judicial que enfrentó al alcalde de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador y al gobierno nacional, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció ayer que renunciará a su cargo el 31 de julio antes del fin de su mandato, para emprender oficialmente su carrera por la presidencia, poco menos de un año antes de los comicios federales que ya lo tienen como favorito. “A partir de agosto iniciaremos una nueva etapa, vamos a buscar, con la experiencia de estos años en el gobierno de la ciudad y junto con muchos otros mexicanos, hombres y mujeres, la transformación que requiere el país”, prometió el candidato presidencial.
Para lo que le queda de gobierno aseguró que va “a consolidar los programas sociales en beneficio de la gente humilde de la ciudad” y que terminará “las obras públicas que están en proceso”. En la reunión que mantuvo con el presidente Vicente Fox dieron por cerrado el caso del desafuero y discutieron la necesidad de celebrar unas elecciones “limpias, libres y en paz”. Con estas declaraciones intentaron enviar un mensaje de tranquilidad al ambiente político y a los mercados financieros, luego de que un informe de la CIA, unos meses atrás, alertara sobre la inestabilidad que podría suceder con el ascenso de la izquierda mexicana en un país, donde más del 50 por ciento de la población es pobre.
El PRD, la tercera fuerza política del país, elegirá su candidato oficial en septiembre. López Obrador deberá competir con el fundador del partido y tres veces aspirante a la presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas –hijo del ex presidente progresista Lázaro Cárdenas–. Es la primera vez que la izquierda mexicana tiene grandes chances de llegar al poder federal. Por un lado, debido al aumento de la popularidad del alcalde capitalino luego de convocar en abril pasado a una campaña de “resistencia civil pacífica” que resultó un éxito político indiscutido. Por otro lado, la segunda fuerza del país, el Partido de Acción Nacional (PAN) –actualmente en el gobierno–, según su presidente Manuel Espino Barrientos, no formará una alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) bajo ninguna circunstancia.
Espino Barrientos también admitió que “hubo errores en el manejo del caso López Obrador”, marcando así una división al interior del partido del presidente Vicente Fox. Para ser procesado, López Obrador fue desaforado el 7 de abril, sin embargo, regresó a sus oficinas el 25 de abril. Durante ese lapso, el alcalde aseguraba que aun desde la cárcel sería candidato presidencial. Después de 11 meses la fiscalía mexicana determinó la semana pasada no ejercer acción penal porque aunque tiene pruebas para mostrar su responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, no existe una pena aplicable al caso. En caso de haber sido consignado, el político habría perdido su derecho a ser candidato.
A pesar de haberse reconciliado públicamente con López Obrador, Fox aseguró, el sábado en un mitin, que el PAN derrotará “al engaño y al populismo” en los comicios de 2006. Durante el proceso de desafuero, la principal crítica al alcalde capitalino era por su supuesta demagogia y sus métodos, considerados populistas. También se le cuestionaba el conflicto de intereses que, según el gobierno nacional, suponía ser alcalde de la megatrópolis y precandidato para la presidencia al mismo tiempo. El PAN y el PRI resultaron muy dañados en el polémico proceso de desafuero, por lo que sus candidatos presidenciales deberán primero, esforzarse para remontar la ventaja que López Obrador les lleva en las encuestas y, segundo, superar las peleas partidarias y lograr un consenso sobre los candidatos presidenciales lo antes posible.