El presidente Mesa continuaba ayer sin definir si promulgará o no la controvertida ley de hidrocarburos, aprobada el jueves por el Parlamento, con el apoyo de los partidos tradicionales y la oposición del MAS y el MIP. Su disposición a promulgar la nueva norma chocó este domingo con las advertencias de los organismos financieros internacionales y el gobierno estadounidense.
Según la legislación vigente, el jefe de Estado tiene diez días (le quedan siete) para promulgar, vetar, devolver la ley al congreso con sus observaciones o simplemente dejar pasar el plazo, en cuyo caso corresponde al presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, promulgar la norma legal. Los medios locales recuerdan que Carlos Mesa –en su discurso del 9 de mayo– enfatizó que no promulgaría una ley “suicida” para el país, que atraería juicios internacionales letales para el frágil tesoro boliviano y paralizaría el flujo de fondos de la cooperación externa.
La redacción más “lavada” de la ley, originalmente aprobada en Diputados, atrae rechazos por izquierda y por derecha. Mientras los movimientos sociales la denuncian como “entreguista” (entre otros motivos, por hacer acreditable y deducible el impuesto del 32 por ciento complementario de las regalías, con lo cual no se llegaría al 50 por ciento de la torta petrolera para el Estado), las cámaras empresariales la consideran “violatoria de la seguridad jurídica”, por obligar a las petroleras a “migrar” a nuevos contratos que garantizan la propiedad estatal de los hidrocarburos en boca de pozo y aumentar la carga impositiva.
“La nueva ley es confiscatoria y haremos una presentación legal ante el Tribunal Constitucional una vez que sea promulgada”, amenazó Raúl Kieffer, presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. En el mismo sentido, el subsecretario interino de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos, Randal Quarles, dijo que están preocupados porque la ley petrolera, como está redactada, “inhibe la inversión extranjera”. Rechazo al que se suman los comités cívicos de Santa Cruz y de Tarija, departamentos productores de hidrocarburos y embarcados en una fuerte ofensiva autonomista, y los empresarios privados.
Ayer continuaban los paros y bloqueos en Tarija con demandas regionales que amenazan con radicalizarse, cerrando las válvulas del campo gasífero Margarita, operado por Repsol YPF; y la Asamblea de la Cruceñidad se aprestaba a definir la autoconvocatoria a un referéndum autonómico para agosto. De esta forma los cívicos cruceños buscan presionar a los diputados que hoy se reúnen para discutir la consulta, rechazada por el MAS y los movimientos sociales del Occidente del país. Entretanto, un conjunto heterogéneo de organizaciones articuladas en el Pacto por la Dignidad y la Soberanía, que incluye al MAS y a los sectores “radicales”, discutían ayer las medidas a tomar. Los campesinos y las juntas vecinales de la ciudad de El Alto amenazan con iniciar movilizaciones y bloqueos. Una suma de conflictos cruzados que provocó la suspensión del viaje de Mesa a la reunión Mercosur-Países árabes y puede volver a poner contra las cuerdas al mandatario boliviano, que ya ha renunciado dos veces en menos de dos años de mandato.