La ofensiva del general Manuel Contreras, ex jefe de la policía secreta de la dictadura chilena, contra el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990), al que culpó de los crímenes de sus agentes, causó una fuerte polémica en Chile. Ayer, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos abrió el fuego al calificar los antecedentes de “parciales e inexactos” (ver reportaje).
En un informe de 32 páginas entregado desde la prisión, Contreras reveló el destino de 580 desaparecidos, muchos de los cuales fueron lanzados al mar en Chile y Argentina; involucró a otras ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros e intenta derribar la tesis del secuestro permanente, base de sus condenas. Eduardo Contreras, abogado de derechos humanos, pidió no jugar con el dolor de los familiares de las víctimas. “Lamentablemente al leerlo con calma y más allá de las dos acusaciones directas de que Pinochet ordenó el asesinato de Orlando Letelier y del general (Carlos) Prats, el resto es realmente una actitud que no vacilamos en llamarla realmente criminal, porque es un atentado al dolor de las víctimas, un golpe brutal en el rostro de los familiares porque miente como lo ha hecho siempre”, dijo el jurista.
Manuel Contreras está encarcelado en el penal Cordillera, donde cumple una condena a 12 años de presidio por la desaparición hace 30 años del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Angel Sandoval. En febrero de 1991, el “Informe Rettig”, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación convocada por el ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994), determinó que la dictadura de Pinochet dejó más de 3000 muertos y desaparecidos. Alejado Pinochet del poder político y del mando del ejército en 1998, la “Mesa de Diálogo” formada por militares y organizaciones humanitarias estableció que cientos de desaparecidos fueron lanzados al mar, en un informe que recibió el presidente Ricardo Lagos en enero de 2001.
En una tercera etapa para aclarar la “verdad histórica”, una nueva comisión que presidió el obispo católico Sergio Valech conoció 35.000 testimonios sobre violaciones, aplicación de electricidad, quemaduras y fusilamientos simulados que sufrieron los presos políticos en manos de los agentes de Pinochet. El “Informe Valech”, conocido el 28 de noviembre de 2004, concluyó que la tortura “fue una práctica sistemática e institucionalizada” durante el régimen militar chileno. Un mes después, en un gesto que parecía imposible, las instituciones armadas entregaron su autocrítica en un “Mea Culpa”, por las torturas que aplicaron a miles de presos políticos durante la dictadura de Pinochet.