Por Javier Del Pino y Mauricio Vicent *
Desde Washington y La Habana

El gobierno de EE.UU. se enfrentaba ayer a un dilema político que cuestiona algunos de sus principios ideológicos fundamentales. El Departamento de Seguridad Interior tenía dos opciones: entregar al disidente cubano Luis Posada Carriles a gobiernos con los que no consiente ningún tipo de colaboración –Cuba o Venezuela– o aceptar que existen diferentes tipos de terrorismo. Posada Carriles está acusado de haber ideado o participado en varios actos terroristas contra el gobierno de Fidel Castro, entre ellos la explosión de un avión comercial que provocó más de 70 víctimas mortales.
El Ejecutivo de George W. Bush estudiaba ayer cómo solucionar un conflicto entre su animadversión hacia los gobiernos de Cuba y Venezuela y su prometida inexorabilidad en la lucha contra el terrorismo. Varios documentos oficiales desclasificados hace unos días muestran vínculos claros entre Posada Carriles y el atentado contra un avión cubano sobre el territorio de Venezuela en 1976. También queda demostrado –como se sospechaba– que la CIA tuvo a sueldo a este individuo durante más de una década, con el pago de un salario mensual. El Departamento de Seguridad Interior tiene 48 horas para decidir sobre el futuro del detenido; las opciones van desde la expulsión hasta la concesión del asilo político.
Detenido anteayer tras una rueda de prensa teóricamente secreta, Posada Carriles, de 77 años, constituye un problema diplomático de mucha más envergadura que el provocado por Elián González, el niño cubano que los anticastristas de Miami pretendían retener en EE.UU. Para ese “núcleo duro” de Florida –un estado de gran valor electoral–, Posada Carriles es casi un héroe. El mismo contó en sus declaraciones del martes cómo la gente lo reconocía por la calle.
Posada Carriles, que tiene pasaporte venezolano, es reclamado por los gobiernos de Hugo Chávez y Fidel Castro por su papel en aquel atentado y en otros muchos contra instalaciones turísticas cubanas; también está relacionado con una trama para asesinar a Castro. Escapó de una cárcel de Venezuela en 1985 para evitar una larga condena y vivió escondido durante los últimos años hasta que decidió cruzar ilegalmente la frontera de México y EE.UU. a través de Texas, aparentemente convencido de que el gobierno de este país nunca detendría o extraditaría a un opositor castrista. Oficialmente, Posada Carriles está detenido por un delito de inmigración, pero si las acusaciones contra él se mantienen en ese nivel menor, Washington habrá hecho una distinción entre terroristas buenos y malos. Aunque EE.UU. se niega a entregar individuos a Cuba o a países que pueden luego entregarlos a la isla, “no hacerlo en este caso significaría que Washington aboga por la democracia en Cuba pero también da cobijo a una pequeña minoría dispuesta a matar a civiles para conseguir esa democracia”, dice Philip Peters, experto en Cuba del Lexington Institute.
Mientras tanto, en La Habana, el gobierno de Castro observa y aguarda con atención los próximos pasos que dará Washington, aunque ya ha adelantado que no cesará la presión sobre la administración Bush hasta que se haga justicia y se condene a Posada Carriles. Para Cuba hay dos soluciones satisfactorias: que se extradite al terrorista a Venezuela o que sea puesto a disposición de un tribunal internacional en un país neutral.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.