Por Darío Pignotti
Desde San Pablo

La “banana” de dinamita detonada recientemente frente a las oficinas de Petrobras en Santa Cruz de la Sierra sorprendió a la opinión pública pero no al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Personal de la Agencia Brasileña de Informaciones, ABIN, venía trabajando desde marzo en la hipótesis de que esa petrolera, con millonarias inversiones en Bolivia, fuera blanco de organizaciones que reivindican la nacionalización total de los hidrocarburos.
Un emisario de Lula, Marco Aurelio García, llegó a La Paz con el propósito no declarado, pero sabido, de facilitar el diálogo entre las partes. Eso fue el lunes por la noche, horas antes de que los tenientes coroneles Julio Herrera y Julio César Galindo divulgaran una proclama sediciosa exigiendo la salida del presidente Carlos Mesa, cuyo mandato expira en agosto del 2007. García trabajó en La Paz con la misión prioritaria de parar el golpe de Estado, ya que el gobierno de Lula quiere garantizar la estabilidad en una región donde Brasil es hegemónico. El Palacio del Planalto teme que la chispa de Bolivia haga combustión en Perú, países vinculados a Brasil por unos 5500 kilómetros de frontera, equivalentes a las de Argentina con Chile. Y la misión de García fue paralela a la que contemporáneamente desarrolló un enviado argentino (ver página 10).

Riesgo Bolivia

“Riesgo Bolivia” es la expresión con que Miriam Leitao, influyente columnista del diario O Globo, alude a la amenaza que pende sobre los gigantescos intereses económicos que Brasil controla en aquel país. A la cabeza de ese ranking están los aproximadamente 26 millones de metros cúbicos de gas bombeados diariamente desde los yacimientos controlados, de momento, por Petrobras y sujetos a nuevos contratos, comprendidos en la Ley de Hidrocarburos, promulgada el 17 de mayo. Cuatro días después de la explosión en las oficinas cruceñas de Petrobras.
Marco Aurelio García es un cuadro político, pero en su foja de servicios hay varias misiones con olor a petróleo sudamericano. En 2002 facilitó el envío de combustible brasileño a Hugo Chávez cuando Venezuela estaba al borde del desabastecimiento por una huelga, y en 2003 viajó a la propia Bolivia cuando las manifestaciones desatadas por la “guerra del gas” tumbaron al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, mentor de los contratos que en 1996 llevaron a Petrobras a Bolivia, cuando se desnacionalizó la propiedad de los hidrocarburos.
Antes de que García aterrizara en La Paz, el ministro boliviano de Energía Guillermo Torres había estado en Brasil explicando los alcances de la nueva ley. Tras el encuentro, la ministra brasileña de Energía, Dilma Rousseff, anunció que Petrobras revisará sus planes de inversión en orden a la reducción de lucro que supone la nueva legislación. Más: Rousseff admitió la posibilidad de procesar a Bolivia por ruptura de contratos, algo que depende de lo que ocurra en los próximos 180 días, plazo impuesto para la firma de nuevos convenios en los que la propiedad del gas y el petróleo vuelve al Estado a través de la renacida Yacimienos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, YPFB.
Pero quien repase las declaraciones de la ministra Rousseff, del presidente de Petrobras, José Eduardo Dutra, o del canciller Celso Amorim, advertirá que, pese al tono amenazante, nunca barajan la posibilidad de que Petrobras deje Bolivia. Y es porque esa hipótesis es sencillamente imposible: significaría un automático colapso para un parque industrialque consume un 50 por ciento del gas importado y no cuenta con alternativas para sustituirlo.
El incierto cuadro boliviano pone al desnudo un dato estratégico: Brasil, el gigante industrial latinoamericano, es energéticamente dependiente de Bolivia. Sin el combustible importado por un oleoducto de 3150 kilómetros, que comienza en Santa Cruz y termina en Rio Grande do Sul, Brasil no habría podido sustentar el crecimiento de su economía en 2004, que fue del 5,2 por ciento.
Siendo que el fantasma de una nacionalización más profunda, impulsada por la izquierda boliviana, es una hipótesis ponderable, Brasil está trabajando en caminos para atenuar sus flaquezas energéticas. En el corto plazo fue desalentada la fabricación de autos con motores a gas y reactivada la explotación de un importante yacimiento gasífero en las costas del sureste atlántico.
En el largo plazo Brasil, cuya producción petrolera es de apenas 1.800.000 barriles al día, está embarcado en la explotación de su biomasa, esto es la extracción de combustibles de la caña de azúcar y otras plantas, como el girasol. El proyecto, según expertos, puede convertir a Brasil en la Arabia Saudita de los combustibles limpios, gracias a sus extensas praderas disponibles.

Imperio brasileño

Fue el diario Folha do Sao Paulo, no la Central Obrera Boliviana, el que publicó un artículo bajo el título “Imperio brasileño”. En la nota se pasó revista al peso que los capitales brasileños detentan en Bolivia, donde representan aproximadamente el 20 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). De los 3500 millones de dólares invertidos por compañías extranjeras en los últimos años, 1500 fueron desembolsados por Petrobras, llegada al país en 1996 contemporáneamente con la desnacionalización de los hidrocarburos. Pero también son brasileñas algunas de la más importantes inversiones en el agro y la construcción.
El 35 por ciento de la soja, segundo producto de exportación boliviano, está controlado por 200 familias de estancieros brasileños y las constructoras Queiroz Galvao, Odebrecht, Camargo Correa figuran entre las mayores contratistas. Después de encontrarse en La Paz con el líder cocalero Evo Morales, con representantes del gobierno y de la Iglesia el asesor Marco Aurelio García tenía prevista una escala en Santa Cruz de la Sierra.
Los agricultores brasileños son influyentes en el empresariado de esa región, nucleado en organizaciones como Cainco y Anapa, que el viernes pidieron “un paso al costado” al presidente Mesa. Tal vez el golpismo de estos hacendados alarme menos a García que su autonomismo radical.
Es posible que García haya hecho saber a sus interlocutores cruceños que, más allá de su ánimo conciliador, el gobierno de Lula discrepa con cualquier tentación secesionista que parta en dos a Bolivia. Ese escenario sería geopolíticamente inaceptable para Brasil.