La cumbre que reúne a los 34 países miembro de la OEA comenzó ayer centrada en el controvertido plan presentado por el gobierno de George W. Bush, y apoyado por el nuevo secretario general de la organización, el chileno José Miguel Insulza, que plantea crear un mecanismo de “monitoreo” permanente de las democracias en el continente. Desde Caracas, el canciller venezolano, Alí Rodríguez, ya adelantó que “todo lo que huela a intervención en los asuntos internos de otros países encontrará resistencia de Venezuela y de la inmensa mayoría de los países de América latina”. Su país, la Argentina, Brasil, México y Uruguay están a la cabeza de una ofensiva para hundir el proyecto del gobierno del presidente George W. Bush, al que consideran como violatorio de los principios de soberanía nacional y no intervención consagrados en la carta constitutiva. Ante la ola de críticas, la secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza Rice, aseguró: “No se trata de intervenir para castigar sino de intervenir para sostener el desarrollo de las instituciones democráticas en la región”.
En el marco de la 35ª Asamblea General de la OEA en Fort Lauderdale, Florida, el canciller brasileño Celso Amorin, como vocero del Grupo Aladi - América latina y México, rechazó los “mecanismos intrusivos” como los que propone el gobierno de Estados Unidos. “Nosotros queremos fortalecer la democracia en la región, pero queremos evitar mecanismos intrusivos”, insistió Amorin. Los embajadores ante la OEA de la Argentina, Rodolfo Gil; de México, Jorge Chen, y de Uruguay, Juan Enrique Fischer, también expresaron su rechazo al proyecto, argumentando que la iniciativa de la Casa Blanca viola la Carta Constitutiva de la organización. El canciller brasileño, Celso Amorin, señaló que el Grupo Aladi –como se conoce a los países de América latina y México– redactó un texto de declaración final que será sometido a consideración de la Asamblea en sustitución del documento propuesto por Washington. Esta “propuesta alternativa”, según la llamó Amorin, estaría siendo redactada por la Argentina, que está actuando como mediador entre Washington y el bloque de países que se opone a la propuesta norteamericana. Esta busca desplazar a la “Declaración de Florida” que preparó Washington, en la que otorga a la OEA el poder de actuar en defensa de la democracia de un país, aun si el gobierno de ese país está en desacuerdo con esa intervención.
Del otro lado se escuchó al nuevo secretario general asegurar que “es necesario que los países miembro acuerden los mecanismos para implementar integralmente las obligaciones de la Carta Democrática Interamericana”. “La OEA no debe limitarse sólo al establecimiento de las normas sino que, frente a los persistentes riesgos de retroceso, es preciso ampliar la cooperación que presta a sus miembros para profundizar la democracia en la región”, explicó Insulza, y agregó: “La OEA no tiene ninguna posibilidad hoy día, sin invitación (del país afectado), de decir que hay algún peligro en algún país, que hay un problema en algún país”.
Este debate tiene como contexto las graves crisis que se están viviendo en Bolivia (ver página 16) y en Haití (ver aparte). También estaban discutiendo pensando en la reciente destitución del ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez el 20 de abril pasado y los posteriores reproches de las nuevas autoridades, que lamentaron la no intervención de la organización en los meses anteriores a la crisis.
Mientras Rice intenta convencer a los delegados de que “no se trata de intervenir para castigar sino de intervenir para sostener el desarrollo de las instituciones democráticas en la región”, el presidente Hugo Chávez se mantiene escéptico y asegura: “Quedaron atrás los tiempos en que la OEA era un instrumento de Washington. El gobierno de Washington ya tiene otra derrota pintada en el rostro”. Chávez también destacó que el gobierno que merece monitoreo es el de Estados Unidos porque, sostuvo, su política es “apoyar a terroristas, invadir países, violar los derechos humanos y pretender instalar una dictadura global”.
Rice también pidió a Latinoamérica que insista en que los líderes “electos democráticamente tengan la responsabilidad de gobernar democráticamente”,o que respondan a la comunidad internacional. “Los gobiernos que fallen en este crucial estándar deben responderle a la OEA”, agregó la secretaria. “Desafortunadamente, el diseño no está completo. No hay ningún sistema de solidaridad, sólo el potencial castigo del ostracismo. En mi visión, un sistema de solidaridad debería ser desarrollado para ayudar a los miembros cuando tropiezan, o incluso antes de que tropiecen”, explicó el secretario general adjunto de la OEA, Luigi Einaudi, apoyando la propuesta de Washington. Einaudi culmina esta semana su gestión, y los cancilleres deben elegir a su sucesor en la Asamblea de Fort Lauderdale, entre dos candidatos inscriptos: el ex canciller nicaragüense Ernesto Leal y el diplomático surinamés Albert Ramdin.
El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, adelantó ayer la agenda de Bush para su visita de hoy en la cumbre: “El presidente se centrará en el fortalecimiento de la democracia en nuestro continente”. Además destacó que buscará apoyo para la ratificación del tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana (Cafta). Sobre el tema, en Cuba sólo se animaron a decir: “Imaginamos que va tocar ese tema”.
El ex presidente Jimmy Carter le pidió a la OEA que no olvide que “la pobreza y la desigualdad alientan la desilusión de la democracia e impiden la total participación de todos los ciudadanos en base a la igualdad”. También advirtió al organismo de los pros y los contras que significa tener un presupuesto que “preponderantemente depende de uno solo de sus miembros”. Estados Unidos contribuye con el 57 por ciento de los casi 75 millones del presupuesto de la OEA.