Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

Los movimientos sociales respondieron con dureza a la Iglesia, que ayer pidió el levantamiento de los bloqueos y “espíritu de diálogo”. Un breve comunicado leído por un vocero de la Conferencia Episcopal acabó con las especulaciones de que las reuniones del cardenal Julio Terrazas con los representantes de los tres poderes del Estado, desarrolladas a lo largo de toda la jornada, concluirían en alguna salida a la profunda crisis que abate al país. Con la que más se especuló fue con el llamamiento a elecciones anticipadas. “Levantemos todas las medidas de presión”, dijo el vocero episcopal, al tiempo de anunciar que el diálogo entrará hoy en una segunda etapa con la inclusión de los sectores sociales movilizados. “La Iglesia nos chantajea para que levantemos las medidas y así rescatar a los partidos tradicionales”, respondió el dirigente cocalero Julio Salazar, sector que hoy se sumará al bloqueo de caminos. “No vamos a levantar las medidas porque levantar sería traición a los guerreros del gas y a los nueve millones de bolivianos”, añadió el dirigente campesino y senador suplente del MAS, Román Loayza.
El llamado en tres oportunidades al presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, a la casa del cardenal, donde se desarrollaron las conversaciones, aumentó las especulaciones que circularon a lo largo de todo el día sobre una salida a través del adelantamiento de elecciones a cargo de Rodríguez (previa renuncia de Mesa, Vaca Díez y Cossío). A la luz de las reacciones, la mediación de la Iglesia –último recurso para frenar el camino a una crisis de mayores proporciones– amenaza con caer en saco roto. El hecho de haber excluido en la primera ronda a los sectores sociales no parece un buen augurio para la “segunda etapa” en un contexto de masificación y radicalización de las protestas sociales que tienen como epicentro a la ciudad de El Alto. El líder del MAS, Evo Morales –que también parece desbordado por la radicalidad del conflicto–, consideró que adelantar elecciones implicaría postergar las demandas populares, e insistió en la convocatoria a Asamblea Constituyente y la “nacionalización de hecho” de los hidrocarburos mediante un decreto presidencial. Aclaró que “sólo se levantarán las medidas cuando haya resultados” y pronosticó que las movilizaciones van a crecer.
El paro cívico alteño entra hoy con fuerza en su tercera semana. En medio de barricadas, los dirigentes vecinales –reunidos en asambleas por distrito– comienzan a tomar conciencia del poder desplegado por esta urbe indígena mientras se introduce en el debate la cuestión del poder. ¿Y ahora qué? era ayer la pregunta recurrente en la urbe alteña. “Después de dos semanas de paro hay una suerte de supervivencia en la escasez (a través de diversas ‘changas’), que permite sostener la paralización de la ciudad”, dice el sociólogo Alvaro García Linera. Mientras tanto, la hoyada paceña siente los primeros síntomas del desabastecimiento y el aumento de los productos de primera necesidad, que elevaron sus precios hasta el 50 por ciento. “No hay gasolina”, podía leerse en varias estaciones de servicio (calculadas en más de la mitad por la Asociación de Surtidores), mientras se reducía el transporte y los que siguen circulando –tanto taxis como colectivos– aumentaban los precios. La planta de Senkata (que abastece a La Paz) está bloqueada por los alteños, que han cavado zanjas alrededor para evitar la salida de camiones cisterna. Entretanto, varios mercados paceños cerraron sus puertas, y productos de consumo popular como papa y habas, así como la carne o el pollo, son cada vez más escasos. Los bloqueos se han expandido a lo largo del país, incluyendo la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a punto de ser cercada por los campesinos opositores a las directivas del Comité Cívico, al que asocian con las “logias empresariales y oligárquicas”. Ayer ya no había salidas transitables desde la ciudad oriental hacia el resto del país. La tensión creciente amenaza con derivar en enfrentamientos cruentos entre campesinos e indígenas –muchos de ellos migrantes “collas” del occidente– y las fuerzas de choque del Comité Cívico, como la Unión Juvenil Cruceñista. El diario cruceño El Deber tituló su editorial del pasado sábado “Impedir que se cerque a Santa Cruz” y justificó la acción de la organización juvenil, que la pasada semana apaleó a campesinos que pretendían ingresar a la ciudad y “prohibió” las marchas que no respondan al Comité Cívico.
Hoy los alteños bajarán otra vez hacia la sede de gobierno, donde se desarrollará un cabildo popular para definir cómo continuar la batalla por la nacionalización de los hidrocarburos. Al tiempo que los cocaleros de las Seis Federaciones del Chapare volverán a traducir su poder local –hegemónico en casi todas las alcaldías– en poder de movilización, cortando la estratégica carretera troncal Cochabamba-Santa Cruz. El milagro parece cada vez más lejos de la empobrecida nación andina, mientras la demanda de la nacionalización sigue sumando adeptos.