Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

La investidura del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, ha contribuido a distender parcialmente la convulsión social que vive el país y produjo cierta sensación de “deber cumplido” entre los movimientos sociales. Si bien no se ha logrado la nacionalización –principal consigna de los sectores movilizados–, la renuncia de Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, por medio del cerco a la ciudad de Sucre, es leída como un duro golpe contra los partidos tradicionales, a las elites cruceñas y tarijeñas (los jefes parlamentarios representan a esas regiones) y a la embajada estadounidense. Varios de los sectores movilizados le dan dado una tregua al nuevo mandatario, en tanto que las juntas vecinales de El Alto han decidido mantener el paro cívico indefinido en demanda de la nacionalización de los hidrocarburos. El flamante presidente ratificó al Alto Mando Militar y armaba ayer su gabinete para comenzar a negociar las dos agendas que mantienen dividido el país: la autonomista de Santa Cruz y la nacionalizadora (que incluye la Constituyente) del occidente.
“No hemos conseguido casi nada, pero logramos hacer renunciar a dos fachos como Vaca Díez y Co-ssío”, sintetizó el dirigente de la central campesina y senador suplente del MAS Román Loayza. Las rutas de Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba ya han sido desbloqueadas, incluyendo la carretera troncal entre esas dos ciudades, hasta ayer cortada por piquetes de las seis federaciones cocaleras del Chapare. Y los cooperativistas mineros se despidieron de La Paz con un entierro simbólico de Carlos Coro –muerto por una bala disparada por policías o militares que niegan haber apretado el gatillo– y, tal como lo hicieron en la guerra del gas de octubre de 2003, prometieron “volver” si en 10 días el nuevo mandatario no cumple con la agenda de octubre. Señalaron, además, que no olvidarán a su compañero muerto. El mismo plazo le dieron los campesinos –que también retornaron a sus comunidades– al jurista-presidente para satisfacer sus demandas. “Debe nacionalizar de hecho los hidrocarburos, comprometerse a convocar a la Constituyente y, por supuesto, llamar a elecciones”, declaró, con tono de advertencia, el diputado Evo Morales.
Si bien las juntas vecinales y la central obrera alteñas han ratificado la continuidad del paro cívico indefinido, muchos ponen en duda que esa medida extrema –con elevados costos en una ciudad poblada de comercios y talleres industriales– pueda mantenerse con la radicalidad demostrada en las últimas tres semanas. “Los riesgos son el aislamiento del movimiento o un repliegue en desbandada”, advierte el analista político Alvaro García Linera. En algunos barrios los bloqueos estarían perdiendo intensidad por el cansancio de los vecinos, resistiendo el barrio de Senkata –donde está la planta de YPFBy viven numerososex mineros– como el último reducto de los “radicales”. Una de las debilidades del movimiento parece haber sido la incapacidad de establecer un sistema de abastecimiento para los propios alteños movilizados y se agudizaron los roces entre amas de casa que reclamaban garrafas y activistas sindicales. “No hay ejército que aguante sin comida”, resumió un dirigente vecinal ante una consulta de Página/12. Según fuentes consultadas, la ratificación del paro habría sido una decisión dirigencial, sin una amplia consulta entre las bases, donde aumentarían las voces que proponen una tregua. Las organizaciones alteñas se encuentran en una suerte de “trampa de la radicalidad” –para legitimarse como dirigente hay que “gritar más fuerte”– que impide expresiones más “moderadas”.
Una posible salida que ya se maneja en el nuevo Ejecutivo es la asistencia del flamante presidente a la urbe alteña y buscar alguna salida “digna” sobre la base de promesas. El dirigente de la COR Edgar Patana dio todas las garantías para el diálogo (el propio Carlos Mesa concurrió a esa ciudad –cada vez más consciente de su poder– como primer acto de gobierno, luego de su asunción en 2003). Entretanto, en la ciudad de La Paz se podía ver algo más de movimiento de automóviles y cierta sensación de alivio.
Dando a entender que dejará sin efecto el decreto supremo de Carlos Mesa que unía las agendas en pugna –mediante el llamado simultáneo a elecciones para constituyentes y referéndum autonómico–, el flamante mandatario dijo que le corresponde al Congreso sancionar las normas legales que promuevan la realización de la Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico y señaló que uno de sus deberes será convocar a elecciones anticipadas. De esta forma, los problemas siguen intactos, las “dos agendas” siguen dividiendo al país, pero los “cinco días que conmovieron a Bolivia” parecen haber concluido –provisoriamente– con cierta sensación de triunfo popular, algo de sabor amargo para las elites cruceñas y la promesa de todos de volver, más temprano que tarde, al campo de batalla.