La fiscalía mexicana reabrirá el caso del asesinato del secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Ruiz Massieu, perpetrado en septiembre de 1994, tras la liberación en la madrugada de ayer de Raúl Salinas de Gortari, declarado inocente por un tribunal que revisó el caso. El hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari fue condenado como autor intelectual del crimen a una sentencia de 50 años de prisión, rebajada a 27 años y medio. “La verdad legal es la verdad histórica en este caso. Siempre fui inocente”, declaró al salir de la cárcel, donde ha pasado los últimos diez años.
La opinión pública mexicana nunca creyó que el caso pudiera darse por zanjado, después de un proceso plagado de irregularidades, con pruebas inventadas que rozaban el esperpento y un tribunal que dictó sentencia sin demostrar la culpabilidad del condenado. No podía sorprender que tarde o temprano un tribunal aceptara el recurso de los abogados y diera vuelta un veredicto muy cuestionado. La reapertura del caso se produce en un momento político delicado, en el que los principales partidos concentran sus esfuerzos en la precampaña de las elecciones presidenciales de 2006. Los primeros salpicados son los jueces que condenaron y la fiscalía que puso todo su empeño en meter a Raúl Salinas tras las rejas. Pero el gobierno de Vicente Fox también recibirá algún impacto de la anulación de la sentencia contra Raúl Salinas.
El alcalde del Distrito Federal y favorito en las encuestas sobre las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, insinuó en vísperas de la excarcelación que había un acuerdo secreto entre el gobierno y Carlos Salinas para la puesta en libertad del hermano de este último. Tanto el recién liberado como el portavoz presidencial, Rubén Aguilar, negaron un arreglo político del caso. López Obrador dijo ayer que “fue una decisión de los magistrados, quienes concedieron el amparo”, y volvió a la carga contra la familia Salinas, a la que describió como un mal que afecta y ha dañado al país, porque “representa una red de complicidades que abarcó todo”.
Los partidos políticos, especialmente el PRI, evitan pronunciarse sobre la decisión judicial por considerar que es un tema muy resbaladizo, en palabras de un portavoz del partido que gobernaba cuando se produjo el asesinato de Ruiz Massieu. Raúl Salinas fue expulsado en forma humillante de las filas del PRI en mayo de 1995, tres meses después de su detención.
La libertad de Raúl Salinas ha costado 90 mil dólares –éste es sólo el pago inicial, como garantía para la fianza de alrededor de 3 millones de dólares–, que la familia consiguió reunir en tres días. Exonerado por falta de pruebas del delito de homicidio, el hermano del ex presidente tiene pendiente un proceso por enriquecimiento ilícito durante el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994). Su fortuna se estima en 2400 millones de pesos (220,4 millones de dólares), en numerosas cuentas bancarias y bienes inmuebles repartidos en México y otros países. Según dijo ayer, este dinero no es sólo suyo, sino de un grupo de empresarios que trabaja “por la creación de empleo en México”. “No se puede tapar el sol con un dedo”, declaró ayer Raúl Salinas a una emisora de radio al advertir que todo el mundo progresa según sus relaciones, y en este caso quien hablaba era el hermano del presidente.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.