Jue 16.06.2005

EL MUNDO

En medio de las denuncias, el PT se fue a la guerra

La presión para que Lula sacrifique a su mano derecha, José Dirceu, y otros dos altos funcionarios se intensificó ayer mientras el presidente del PT anunciaba una “guerra” por el escándalo de los sobornos.

“Estamos en guerra. Y en la guerra vence el más fuerte”, contraatacó ayer el presidente del PT, José Genoino, luego de la declaración del diputado Roberto Jefferson, ante una comisión parlamentaria, sobre el pago de sobornos en el Congreso. Al mismo tiempo, una ex secretaria del publicista Marcos Valerio, sospechoso de entregar el dinero, aseguró haber visto unos 400.000 dólares “en efectivo dentro de maletas”, confirmando las denuncias. Benedito Domingos, ex secretario general del Partido Progresista (PP), aliado gubernamental, también afirmó que varios legisladores recibieron “apoyo financiero”, aunque no dijo si la plata venía del PT. El presidente Inácio Lula da Silva pidió que esperen a que termine su gestión para evaluarla y obtuvo un triunfo en el caso de los Correos al quedarse con la presidencia de la comisión investigadora.
A 16 meses de las elecciones presidenciales, y con el nivel más bajo de popularidad desde que asumió, Lula sacrificaría a los principales sospechosos: su mano derecha, el jefe de Gabinete José Dirceu, y, del PT, el tesorero Delubio Soares y el secretario Silvio Pereira. Según la consultora Datafolha, la popularidad del presidente Inácio Lula da Silva cayó del 45 por ciento al 35 por ciento en los últimos cinco meses. Los mercados también reaccionaron al testimonio de Jefferson frente a la Comisión de Etica. La Bolsa de San Pablo cayó en más de un 2 por ciento y el real se depreció, alcanzando un valor de 2,445 frente al dólar. No obstante, el sector empresarial mantuvo su confianza en el crecimiento de la economía. “Brasil está muy encima de la crisis. Los fundamentos de la economía son espectaculares. La confianza del inversor extranjero es muy grande”, opinó hoy el presidente de la Federación Brasileña de Bancos, Marcio Cypriano.
Ahora podrían aparecer las primeras evidencias físicas del caso. Fernanda Karina Ramos Somoggio, ex secretaria del publicitario Marcos Valerio de Souza, vinculado con el gobierno y acusado de ser uno de los que distribuía la plata, aseguró que guardó una agenda en donde registró los encuentros regulares de su ex jefe con el tesorero del PT, Delubio Soares, y los contactos frecuentes con Dirceu, que lo negó.
Domingos, ex vicegobernador de Brasilia, afirmó que no podía confirmar si el dinero “se entregaba periódicamente ni si procedía del PT”, pero explicó que en casa de José Janene –líder de su bancada– había “siempre mucho movimiento” y que solía enviarse allí “a algunos parlamentarios en busca de apoyo financiero”. Domingos también denunció que miembros de su partido le ofrecieron dinero para dejar la presidencia del PP en Brasilia, pero que él lo rechazó.
En medio de la tormenta política, el PT obtuvo ayer un triunfo y un fracaso. Por un lado, se quedó, en una votación muy pareja, con la presidencia de la Comisión Parlamentaria de Investigación por el caso de los Correos, que lo tiene a Jefferson y a funcionarios aliados como acusados. El Tribunal Superior Electoral (TSE) calificó de ilegales e inconstitucionales las “contribuciones obligatorias” que el partido gubernamental cobra sobre los salarios de sus afiliados que ocupan mandatos o cargos públicos.
Estos “diezmos” –que van del 2 al 20 por ciento de los sueldos– le permitieron al PT recaudar, sólo el año pasado, unos 2,7 millones de dólares. La oposición aprovechó el fallo y atacó: “El PT confunde partido con Estado y Estado con partido, y lo que tenemos ahora es una legión de funcionarios públicos financiando el partido”, afirmó Eduardo Paes, del Partido de la Social Democracia Brasileña.
A pesar de que Jefferson intentó librar de culpas a Lula, la oposición no lo absolvió. El diputado Raúl Jungmann, del Partido Popular Socialista, aseguró que aunque Lula “mandó parar y secó la fuente, podemos estar ante un delito de responsabilidad”. Según Jungmann, haber acabado con los sobornos “no basta” porque el presidente debía “investigar lo ocurrido y castigar a quien sea”.

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