Es como un previsible paso de ballet. Cada vez que una Corte se prepara para debatir su desafuero, el enfermo imaginario tiene alguna recaída y debe ser internado. Ayer el ex dictador chileno Augusto Pinochet fue dado de alta después de haber permanecido en el Hospital Militar por una noche. También ayer la Corte de Apelaciones decidió aplazar hasta el martes próximo el comienzo de las audiencias para examinar el posible desafuero del ex general y someterlo a juicio por los crímenes de la Operación Colombo.
El nuevo agravamiento oficial de la salud de Pinochet se produjo cuando la Corte debía iniciar el estudio de los antecedentes de esa operación represiva que dejó 119 desaparecidos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) durante su dictadura (1973-1990), para resolver si lo priva de su inmunidad y autoriza el proceso que pidió el juez Juan Guzmán Tapia. Pinochet, de 89 años, ayer fue dado de alta del Hospital Militar de Santiago después de sufrir un presunto infarto cerebral el martes, el día antes de que comiencen las audiencias. Como siempre se interna en el Hospital Militar, y él mismo es un militar, no hay posibilidad de confirmación independiente del verdadero estado de salud del retirado general. El tribunal decidió aplazar el examen de la causa hasta el próximo martes, sin que quede claro si Pinochet volverá a caer enfermo en los días que vienen.
El juez Juan Guzmán Tapia, que investigó la responsabilidad de los militares en la operación, inculpó en septiembre pasado al fundador de la DINA, Manuel Contreras, y a otros 15 ex agentes de ese cuerpo represivo por la detención y desaparición de los opositores a la dictadura, que supuestamente habían muerto como consecuencia de conflictos internos en el MIR. Las víctimas de la Operación Colombo, que ahora deberá estudiar la Corte, integran las listas de más de 3000 muertos y desaparecidos que dejó el régimen de Pinochet.
La Corte de Apelaciones ya privó de su fuero a Pinochet el pasado 7 de junio para enjuiciarlo bajo la acusación de fraude tras el descubrimiento de sus cuentas secretas en EE.UU., pero la legislación chilena determina que el desafuero en un proceso no es válido para todas las denuncias que enfrente un acusado.