Un dicho popular afirma que en Brasil “todo termina en pizza”, es decir: los poderosos siempre arreglan antes de que la sangre llegue al río. A dos meses del escándalo de corrupción orquestado por hombres del partido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cobran fuerza rumores sobre un acuerdo para impedir que rueden las cabezas de los principales sospechosos, lo cual significaría un punto de inflexión en la crisis que tiene cercado al gobierno y amenaza enlodar a parte de la oposición.
Un signo de distensión, que podría ligarse con este clima de entente, fue dado anteayer por el Supremo Tribunal Federal al rechazar el pedido de prisión contra Marcos Valerio de Souza, el empresario que habría montado la trama de sobornos y financiamientos de campañas ilícitas junto a dirigentes del PT. La decisión del presidente del tribunal, Nelson Jobim, se ciñe a razones formales, como la necesidad de que la solicitud sea presentada primero ante la Procuraduría General de la República. Pero al mismo tiempo la medida descomprime el cuadro de situación, dado que el encierro hubiera empujado a Valerio a revelar informaciones comprometedoras.
Como es de práctica en estos casos, los presuntos mentores del acuerdo de no agresión lo desmienten y hasta se dicen ofendidos, pero lo cierto es que ayer la versión ocupó a la prensa escrita y electrónica y dominó la agenda política en Brasilia, San Pablo y Belo Horizonte. De acuerdo con los trascendidos, el presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, habría iniciado conversaciones para retirar su pedido de casación contra Roberto Jefferson, quien lo denunció, sin pruebas, de recibir coimas pagas por el oficialismo, el también llamado “mensalao”. Como contrapartida, Jefferson, del Partido Trabalhista Brasileño (PTB), desistiría de presentar cargos contra Costa Neto. Todo esto luego de que ambos protagonizaran un rocambolesco cruce de acusaciones en el Congreso. Con ese arreglo, Costa Neto y Jefferson no perderían sus derechos políticos y podrían volver a ser candidatos: he allí una típica “pizza” política.
En la tarde de ayer, en San Pablo, el presidente de la Cámara de Diputados, Severino Cavalcanti, dio un implícito aval al contubernio y admitió haber tratado el tema con colegas, sin revelar sus nombres. “El pueblo no soporta nada que huela a pizza”, declaró el secretario general del PT, Ricardo Berzoini, rechazando que su partido sea favorable a un indulto generalizado, aunque eso pueda beneficiar al ex ministro y ex presidente petista José Dirceu, que la semana próxima debe comparecer ante los congresistas acusado de ser el cerebro de los ilícitos. Al igual que Berzoini, el actual presidente petista, Tarso Genro, se manifestó contra cualquier conchabo de ese tipo, consciente de que algo así podría precipitar la ruptura de un partido conmocionado por las maniobras dolosas que ya le costó la cabeza del anterior líder, José Genoino, quien debió renunciar el 9 de julio.
Por fuera de la actividad partidaria, el establishment económico también hizo notar su beneplácito con la posible, no segura, reconciliación de las partes. El periodista económico Carlos Alberto Sardenberg, conocedor del humor financiero, dijo que si prima esta tendencia política se evitará que la crisis “contamine” la buena “salud” de la economía. El mercado tal vez no vota a Lula, pero prioriza su estabilidad y la continuidad de una política económica que en los primeros seis meses de año le reportó 80.000 millones de reales en concepto de intereses de la deuda, los más altos del mundo. Además, el avance de las investigaciones podría poner en aprietos a más de un banquero, empezando por los propietarios del Banco Rural, epicentro de los negociados urdidos por el lobbysta Marcos Valerio y por el ex tesorero del PT Delubio Soares. A pesar de la indulgencia de parte de la prensa, que poco ha investigado quiénes pagaron los sobornos, hay sobradas sospechas de que éstos habrían tenido su origen en grandes grupos económicos. Por lo pronto, el Banco Central ha restringido y demorado la liberación de los secretos bancarios, apostando a que con el correr del tiempo se atenúe la presión sobre algunos grupos, por ejemplo los que se hicieron con las empresas privatizadas. He allí otra “pizza”, pero esta vez económica.