El Congreso le dio un respiro al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pero no sucedió lo mismo con las denuncias de corrupción que el viernes llegaron al área económica ni con la crisis en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) que se están llevando a pique a su mandato. El ministro de Hacienda, Antonio Palocci, garantía de estabilidad para los mercados en estos 32 meses de gobierno de Lula, fue acusado por un ex asesor de haber recibido coimas de 50.000 reales por mes (20.800 dólares) de empresas de recolección de basura cuando era alcalde de Riberao Preto (estado de Sao Paulo). El ministro negó vehementemente esa información, que provocó una inmediata depreciación del real frente al dólar y una caída de la Bolsa.
La semana, sin embargo, se había iniciado bajo mejores auspicios. La oposición desechó el lunes abrir un juicio de destitución del mandatario. Incluso quienes creen que habría pruebas suficientes para implicarlo en ilícitos financieros en la campaña de 2002, no quieren pagar las repercusiones económicas y sociales que eso traería aparejado. El líder del Partido del Frente Liberal (PFL), José Agripino Maia, dijo que para plantear el impeachment (juicio político) no sólo deben existir pruebas, sino también “presión de la opinión pública”, algo que hasta ahora no se dio. Pero la situación empeoró cuando ayer, el ministro de Economía de Brasil, Antonio Palo-
cci, fue acusado por Rogerio Bura-
tti, ex asesor y también ex secretario de Palocci, de haber recibido sobornos cuando se desempeñaba como alcalde de la ciudad de Ribeirao Preto. Buratti dijo que éste recibía dinero de empresas recolectoras de basura y lo volcaba al Partido de los Trabajadores (PT). Buratti está preso desde el miércoles acusado de lavado de dinero y ofreció brindar información a cambio de una reducción de la pena. El fiscal Sebastiao Sergio de Silveira sostuvo que Buratti explicó que en 2001 y 2002 Palocci recibía una coima de 50.000 reales por mes (hoy 20.800 dólares) de empresas de recolección de basura en la ciudad. El dinero era recibido a través de otro asesor de Palocci, Ralf Barguetti, que murió el año pasado, víctima de cáncer.
Buratti también dijo que oyó de Ralf que Palocci determinaba la entrega de ese dinero a la dirección del PT en Sao Paulo. El dinero sería entregado al ex tesorero del PT, Delubio Soares, que está siendo investigado por haber creado una contabilidad ilegal. Esos pagos eran para que la alcaldía mantuviera el contrato de prestación de servicios de recolección de basura y, según la prensa del lugar, habrían ocurrido entre enero de 2001 y noviembre de 2002. Ese año Palocci dejó la alcaldía para colaborar en la campaña presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Bura-
tti había sido secretario de gobierno en 1993 y 1994, en el anterior mandato de Palocci en la alcaldía. Al parecer, Buratti dijo que el mismo esquema de sobrefacturación de licitaciones para financiar el partido se aplicaba en otros municipios. El PT está siendo investigado por haber creado una millonaria contabilidad paralela ilegal presuntamente destinada al pago de campañas electorales. Las investigaciones no contemplaban recaudación en municipios, sino préstamos concedidos por el publicista Marcos Valerio.
El secretario general del PT, Ricardo Berzoini, dijo que no existe nada registrado en las cuentas del partido sobre esas denuncias, pero aseguró que todo será investigado. También advirtió que “el ambiente (de la crisis que sacude al PT) propicia que la gente haga denuncias, pueden ser ciertas o no, a veces responden a intereses particulares”. “Es una denuncia grave, pero requerirá de pruebas”, declaró a la prensa el diputado petista José Eduardo Cardoso. Pero la acusación de Buratti cayó como una bomba en el mercado financiero brasileño, donde el índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo llegó a caer un 2,8 por ciento, mientras el dólar se disparó un 4,11 por ciento y alcanzó a cotizar a 2,478 reales para la venta. Los mercados financieros del país habían resistido hasta ahora a la crisis política porque la avalancha de denuncias no tocaba directamente ni a Lula ni a Palocci, considerado por los inversores como un garante de la continuidad de la política económica vigente y un artífice de la política de ajuste que satisface a los sectores económicos. Pero según los analistas financieros, si las denuncias contra Palocci son confirmadas con pruebas, será prácticamente imposible evitar que la crisis política arrastre a los mercados al terreno negativo. En un comunicado de prensa, Palocci negó todas las acusaciones hechas ayer por su ex asesor Rogerio Buratti en un interrogatorio ante la Procuraduría General. Por su parte, el gobierno brasileño decidió no renovar un contrato de publicidad con una empresa cuyo dueño, Duda Mendonça, reveló la semana pasada en el Congreso que el PT le pagó en el 2002 sus servicios en una cuenta bancaria de las Bahamas.