Tras dos semanas de consulta con líderes musulmanes de distintas localidades, el ministro del Interior del Reino Unido, Charles Clarke, publicó ayer una lista con todos los “comportamientos inaceptables” vinculados al terrorismo que servirán de base para extraditar a una persona del Reino Unido. Con este conjunto de normas queda claro que cualquier ciudadano no británico residente en el país o en el extranjero que intente fomentar el terrorismo “no será bienvenido”. La lista, según varias organizaciones moderadas islámicas, desatará el odio contra los 1.600.000 musulmanes (el tres por ciento de la población) que viven en el Reino Unido.
Si el primer ministro, Tony Blair, dijo el 5 de agosto que las reglas del juego habían cambiado en la lucha contra el terrorismo, ayer el ministro del Interior dio a conocer algunas cartas de la nueva baraja. A partir de ahora serán castigados con la deportación quienes expresen opiniones que: Fomenten, justifiquen o ensalcen la violencia terrorista para defender sus creencias personales. Busquen la provocación de otros actos terroristas. Promuevan otra serie de actividades criminales o intentar provocar otros actos violentos. Fomenten el odio que pueda conducir a la violencia entre comunidades en el Reino Unido. No serán, por tanto, “bienvenidos en el Reino Unido”: Escritores, productores, editores o distribuidores de este tipo de material. Oradores públicos, incluidos los predicadores, que incurran en alguno de esos “malos comportamientos”. Propietarios de una página de Internet donde se difundan esos mensajes. Aquellos que usen su posición de responsabilidad como profesor o líder juvenil o de comunidad.
La lista es “más indicativa que exhaustiva”, según el ministro del Interior, pero sus pautas entrarán en vigor “de forma inmediata”. El gobierno no sólo perseguirá a aquellos supuestos terroristas reclamados por otros países. Eso ya lo hacía antes de los atentados del 7 de julio, aunque el gobierno siempre topaba con el veredicto de los jueces que vetan la extradición a países donde una persona pueda sufrir tortura. La novedad de estas medidas es que afectará a gente cuyo único vínculo con los terroristas son sus panfletos y proclamas incendiarias, ya tengan lugar en la plaza de un barrio, en una mezquita o en un programa de radio. “La amenaza terrorista que sufre el Reino Unido es real y significativa y el gobierno ha de hacer lo posible para contrarrestarla”, declaró Clarke. “Con la publicación de esta lista estamos dejando claro que esos comportamientos son inaceptables y que existe un terreno para deportarlos o excluir a esos individuos del Reino Unido”, añadió.
La sociedad británica aprueba en gran parte estas medidas, como quedó de manifiesto en una encuesta publicada esta semana por el diario The Guardian. Pero importantes organizaciones de libertades civiles, y medios influyentes como el propio The Guardian, The Independent o el semanario The Economist, han expresado que este recorte de libertades supone la primera victoria de los radicalizados sobre la sociedad inglesa. Saliendo al paso de esas críticas, el ministro del Interior declaró ayer: “Estos poderes no intentan reprimir la libertad de opinión ni el debate legítimo sobre religiones y otros temas. Los británicos estamos muy orgullosos de nuestra apertura y diversidad y no debemos dejar que el extremismo destruya esa tradición”.
El presidente de la Comisión Islámica de Derechos Humanos, a quien el gobierno consultó antes de publicar sus propuestas, advirtió ayer sobre la lista: “Se trata de una criminalización del pensamiento, de la conciencia y las creencias. Esto sólo sirve para desatar la islamofobia”.
La lista publicada ayer supone sólo una parte de las medidas anunciadas por Blair. En las próximas semanas se completará una lista negra con los nombres de los individuos que en el mundo, no sólo en el Reino Unido, se han comportado de esa forma “inaceptable”. La lista será entregada a las oficinas de inmigración y a esas personas, si se encuentran fuera del país, les estará vetada la entrada en el Reino Unido. Además, el gobierno prevé aumentar hasta tres meses los 14 días en que un detenido puede permanecer preso sin que la policía presente cargos contra él. También se contempla poner un límite al tiempo en que el proceso judicial puede frenar la deportación de alguien a su país. El gobierno laborista está dispuesto a reformar, si es preciso, la ley de derechos humanos para que los jueces no bloqueen las deportaciones.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.