Documentos desclasificados por el Ministerio del Interior uruguayo demuestran que hubo operaciones de vigilancia encubiertas a entidades de derechos humanos incluso durante gobiernos constitucionales hasta 1995. Estos documentos fueron expuestos en el marco de la determinación expresada por el gobierno de Tabaré Vázquez de investigar lo sucedido bajo la dictadura militar (1973-1985) y “cerrar así una herida abierta en la sociedad uruguaya”. Si bien la ley vigente impide juzgar a los militares por las desapariciones, no prohíbe investigar qué sucedió con los deparecidos.
La documentación prueba que el departamento número III de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia vigiló al Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en plena etapa democrática, informó el diario La República. La información también indica que agentes de inteligencia se infiltraron en las misas del sacerdote jesuita y uno de los fundadores del Serpaj, Luis “Perico” Pérez Aguirre. “Algunos de los informes corresponden a actividades desarrolladas en la década de los 90, lo cual indicaría que el seguimiento político e ideológico se extendió más allá de la dictadura”, subrayó la abogada del Serpaj Graciela Romero.
El ministro del Interior, José Díaz, entregó la documentación a los organismos de derechos humanos que están elaborando un informe con los datos desarchivados acerca de los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-85) que será presentado a la sociedad el próximo 10 de diciembre. El acceso a los documentos fue concedido “sin restricciones ni condicionamientos” en junio pasado por el gobierno del presidente socialista Tabaré Vázquez, tiempo después que dos funcionarios del gobierno del ex presidente colorado Jorge Batlle (2000-05), el ministro del Interior Daniel Borrelli y el subsecretario de Defensa Elías Bluth, se negaran a exhibir los archivos en los que quedaron registradas las operaciones secretas de vigilancia. Por su parte, la abogada Romero recordó que Bluth se negó incluso a recibir a una delegación de los familiares de los desaparecidos. “En nuestro país existe una cultura del silencio, reforzada por tantos años de silencio e impunidad”, afirmó Romero.
El coordinador del Serpaj, Guillermo Paysée, señaló que incluso se realizaba un control estricto en el “vapor de la carrera” que unía Montevideo con Buenos Aires por vía fluvial y sobre las personas que ingresaban o salían del país por vía aérea. Entre los documentos se encontró uno con información detallada de una visita que el Premio Nobel de la Paz de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, realizó al departamento de Salto en 1990.
La doctora Romero agregó que Serpaj continúa realizando gestiones ante el Ministerio de Defensa nacional para “poder acceder a los archivos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas”. Explicó que obtener archivos en manos del Estado “es un Derecho Humano fundamental”. “La falta de información o la desinformación a cargo del Estado es un elemento típico del terrorismo de Estado, y sobre todo del delito de desaparición forzada, y una forma de tortura psicológica para los familiares. Por lo tanto, no es admisible ni es sano para una democracia que se siga utilizando el silencio o la censura con respecto a la información contenida en archivos del Estados relacionada con el período dictatorial”, argumentó la abogada.