El ex dictador chileno Augusto Pinochet vuelve al banquillo de los acusados. O al menos en teoría. La Corte Suprema decidió ayer privarlo de su fuero por la Operación Colombo, un plan destinado a hacer creer que 119 personas asesinadas o desaparecidas, pertenecientes principalmente al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fueron víctimas de una purga guerrillera interna.
La determinación, que el pasado 6 de julio había sido adoptada en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago, fue respaldada ayer por la Corte Suprema por diez votos a favor y seis votos en contra, quitándole la inmunidad que Pinochet tiene en su condición de ex presidente de facto y dejándolo expuesto al proceso que tiene en sus manos el juez Víctor Montiglio. Sin embargo, la Corte Suprema ordenó que antes de interrogarlo, Montiglio deberá someter a Pinochet a exámenes médicos, para determinar si sus condiciones de salud física y mental le permiten enfrentar el proceso. Por esta razón, la posibilidad de que Pinochet sea efectivamente enjuiciado resulta incierta, pues en otras dos oportunidades el ex dictador salió bien librado de los procesos judiciales con el argumento de que una insuficiente irrigación cerebral le produjo demencia. En dichas oportunidades, los tribunales archivaron sin sanción procesos abiertos por crímenes ocurridos bajo su dictadura (1973-1990) en los casos de las llamadas Operación Cóndor y Caravana de la Muerte.
En el marco de la causa por las desaparaciones que dejó la Operación Cóndor, un plan secreto coordinado en los años 70 con las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, el juez Guzmán Tapia mantuvo bajo arresto a Pinochet durante nueve días en enero de este año. Sin embargo, el proceso concluyó archivado y sin sanciones cuando la Corte de Apelaciones estableció que el deterioro de la salud mental de Pinochet le impedía defenderse ante los tribunales. Ese fue el mismo argumento que aplicó la Corte Suprema en julio de 2002, al cerrar el primer juicio por el que fue arrestado el ex dictador durante seis semanas, acusado de los crímenes de la Caravana de la Muerte, una comitiva militar que recorrió el país en octubre de 1973, un mes después del golpe que lo instaló en el poder.
Por su parte, la Operación Colombo, que lo llevaría al banquillo de acusados nuevamente, trascendió en julio de 1975, cuando el gobierno militar informó que los cadáveres de 119 miembros del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) habían aparecido en Argentina y Brasil, como consecuencia de disputas internas en esa organización de guerrilleros urbanos. Durante los alegatos en favor y en contra de Pinochet, el abogado Boris Paredes expuso los argumentos de los familiares de 15 víctimas de ese plan represivo, que desaparecieron después de pasar por la Villa Grimaldi, uno de los centros secretos de torturas que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) mantuvo en Santiago. “No tiene las manos manchadas con sangre, sino que tiene el cerebro manchado con sangre”, dijo Paredes, al responsabilizar a Pinochet por esas desapariciones. En cambio, el abogado Pablo Rodríguez, jefe del equipo jurídico que defiende al ex dictador, aseguró que “no existe ninguna sospecha, ninguna presunción sobre la responsabilidad del general Pinochet”.
Pero la lista de causas que enfrenta el ex dictador de 89 años parece interminable. Pinochet tiene otra petición de desafuero, después que el pasado 7 de junio la Corte de Apelaciones lo privó de su inmunidad para que sea procesado por fraude tributario, a raíz del descubrimiento de sus cuentas secretas en bancos de Estados Unidos, como el Riggs Bank, y otros países, cuya cuantía se estima en casi 27 millones de dólares. El magistrado espera ahora el pronunciamiento de la Corte Suprema, que debe confirmar o rechazar la petición para poder procesarlo.