Luego de la hipermediática detención de Augusto Pinochet, Inglaterra volvió a ser escenario de la globalización de la Justicia. Un ex jefe de las fuerzas armadas israelíes, Moshe Yaalon, tuvo que desistir ayer de viajar a Londres por miedo a ser detenido por cargos de “crímenes de guerra” cometidos durante la Intifada de 2002. Aunque esto no es nuevo para los israelíes, la ofensiva desde el Reino Unido parece haber tomado más fuerza en los últimos días. El domingo pasado, la situación fue aún más tensa cuando otro ex jefe militar israelí, Doron Almog, se negó a bajarse de su avión en el aeropuerto de Heathrow luego de que el ministro del exterior de su país, Silván Shalom, lo llamara para advertirle que si tocaba suelo británico podría correr la misma suerte que el ex dictador chileno.
Hubo casos similares en el pasado, incluso un intento de juzgar al primer ministro Ariel Sharon en Bélgica por las masacres de Sabra y Chatila durante la guerra del Líbano. Sin embargo, el caso de Yaalon presenta una nueva (y perturbante para el gobierno de Tel Aviv) característica: el pedido para que se emita una orden de arresto no se originó como habitualmente en el Centro Palestino de los Derechos Humanos, sino que lo realizó un movimiento de derechos humanos israelí. Se llama Yesh Gvul (Hay un Límite) y hace dos años ya había pedido ante la Corte Suprema israelí que se le iniciara un proceso a Yaalon. Utilizando esto como fundamento, los representantes de Yesh Gvul argumentan que como su país no puede o quiere tratar el tema, estos “crímenes de guerra” pueden ser juzgados en una corte con autoridad judicial universal como Gran Bretaña y España, tal cual intentó hacer el juez español Baltasar Garzón con Pinochet.
Yesh Gvul también incluyó en la acusación que presentó en Inglaterra al actual jefe militar israelí, teniente general Dan Halutz. La acusación es la misma para los dos, y para Almog: en el bombardeo que mató a un jefe del Hamas en 2002 murieron otras 14 personas, la mayoría niños. El 22 de julio de ese año, en Gaza, un F-16 lanzó una bomba de una tonelada sobre la casa en la que dormía Salah Shehadeh, jefe del ala armada de Hamas en aquel momento, y su familia. Pero Israel argumenta que la estrategia de los líderes palestinos más buscados es rodearse de civiles para que su muerte contragolpee políticamente al Estado judío.
Tel Aviv, por el momento, ha elegido dos estrategias para “proteger a sus soldados y oficiales de las fastidiosas acusaciones presentadas en el exterior”. Por un lado, el canciller Shalom buscó aliados: “Este es un escándalo que, si cunde, también llevará a tribunales a los militares británicos y estadounidenses en Irak, entre otros”. Desde el Congreso, el contraataque fue más directo. El presidente del Comite de Asuntos Externos y de Defensa, Yuval Steinitz, presentó un proyecto de ley para prohibir que los ciudadanos israelíes presenten querellas y acusaciones criminales en el exterior contra miembros de las fuerzas de seguridad. Las penas serían de hasta tres años de prisión y una suspensión del pasaporte como máximo por tres años también. Ya se escuchó ayer a algunos políticos israelíes que pidieron ilegalizar a Yesh Gvul.
El insólito episodio que protagonizó Almog el domingo sacó a la luz la fuerza que está adquiriendo la idea de conseguir juzgar a los jefes militares israelíes en el exterior. Ex comandante de las Fuerzas de Defensa Israelíes del Sur, Almog iba a Londres para asistir a una colecta de fondos para la construcción de un ciudad para chicos discapacitados que planea construir en Negev, en el sur de Israel. Antes de que aterrizara, el embajador israelí en Londres, Zvi Hefetz, se enteró de que la Justicia de la isla intentaría arrestarlo y llamó inmediatamente a su país para informarlo. Aunque la Justicia británica no se pronunció oficialmente todavía, el diario israelí Haaretz afirmó que Almog habría sido acusado de otros tres cargos basados en nuevas pruebas entregadas por Yesh Gvul.