Desde los ataques del 11 de setiembre el mundo ya no es el mismo. Y la lucha antiterrorista que comenzó entonces, bajo el liderazgo de la superpotencia única –Estados Unidos–, dio el marco para que en nombre de la seguridad muchos países aumentaran la represión, socavaran la disidencia política, y violaran los derechos humanos. Estas son algunas de las conclusiones del informe anual que Amnesty International (AI) dio a publicidad ayer, y que entre, otras cosas, critica el doble rasero de las políticas de numerosos países respecto de los derechos humanos. Como ejemplo de las contradicciones aparece el tratamiento de los talibanes detenidos en la base norteamericana de Guantánamo, en Cuba: ciertos gobiernos piensan que “el tratamiento inhumano de los prisioneros es ahora aceptable”.
“¿Ha traído la ‘guerra contra el terrorismo’ un cambio significativo en la obligación y el interés de los Estados de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario?” El intento de responder a esta pregunta recorre el informe que trata de dar cuenta del accionar de los Estados respecto de los derechos humanos en el 2001. Allí aseguran que “a medida que la campaña antiterrorista fue dominando el discurso de la prensa mundial, los gobiernos comenzaron a representar a los derechos humanos como un obstáculo para la seguridad”. Ante el intento de estos Estados de presentar una (falsa) dicotomía entre seguridad y derechos humanos, la secretaria general de AI, Irene Kahn, expresó ayer que “la seguridad no puede y no debe imponerse a los derechos humanos”.
De acuerdo con Kahn, los derechos humanos están enfrentando “su mayor desafío hasta ahora. Los dobles raseros y la selectividad se están convirtiendo en la norma”. Un ejemplo de esto fue que mientras Estados Unidos libraba una guerra por su libertad, aprobó legislación que permitía la detención por tiempo indefinido de ciudadanos extranjeros en el país: “En la guerra contra el terrorismo la tendencia ha sido retratar como ‘terroristas’ a los extranjeros, especialmente a refugiados y a solicitantes de asilo”. El informe también establece que hubo “una intensa reacción contra los musulmanes y las personas procedentes de Medio Oriente asentadas en Estados Unidos”. Este clima de sospecha que se mantuvo en la opinión pública “alentó el racismo, la xenofobia, la intolerancia y la violencia, agravando el sentimiento de aislamiento e injusticia de muchos inmigrantes y de las comunidades extranjeras”, resumió Kahn.
El informe también denuncia que durante el 2001 gobiernos de todo el mundo adoptaron medidas represivas hacia la inmigración y aumentaron la probabilidad de que los inmigrantes se convirtieran en víctimas de abusos y explotación. Además, el informe da cuenta de medidas como la creación de cortes especiales donde la evidencia presentada es secreta y las restricciones culturales y religiosas.
También el informe critica las acciones militares llevadas a cabo en la campaña norteamericana a Afganistán –donde “fueron cuestionadas” leyes internacionales como las Convenciones de Ginebra– y el tratamiento que actualmente reciben los talibanes presos en la base de Guantánamo en Cuba: esto ha llevado a algunos gobiernos a creer que “el trato inhumano de los prisioneros es ahora aceptable”.
Amnesty también informa acerca de las distintas medidas tomadas por los distintos gobiernos como las ejecuciones extrajudiciales en 47 países, ejecuciones judiciales en 27 naciones, desapariciones en 35 Estados, torturas y maltratos en 111 y el mantenimiento de prisioneros de conciencia en al menos 56 países. Sin embargo, AI destacó que las cifras son seguramente mucho mayores. Además, respecto del conflicto en Medio Oriente asegura que “se produjeron ataques racistas y antisemitas contra árabes y judíos provocados por el rechazo de las diferencias religiosas, raciales, culturales y nacionales”. Según Amnesty, “asesinatos cometidos por las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos, la tortura y los juicios injustos continuaron, así como la destrucción de viviendas”. Con el informe, Amnesty International instó a los países a realizar una interpretación más amplia de los derechos humanos, que no sólo incluya los civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Y advirtió: “El mayor peligro para los derechos humanos aparece cuando los intereses políticos y económicos pueden dirigir la agenda de los derechos humanos”.