Las agencias de seguridad europeas obtuvieron ayer amplios poderes para vigilar teléfonos, computadoras conectadas a Internet y hasta el tráfico de e-mails en una medida denunciada por sus críticos como la mayor amenaza contra la privacidad de los datos en una generación. A pesar de la oposición de varios grupos de defensa de las libertades civiles a lo ancho del mundo, el Parlamento europeo cedió a la presión de varios gobiernos, liderados por Gran Bretaña, y aprobó la legislación para darle a la policía el poder de acceder a los registros de las comunicaciones de cada teléfono o usuario de Internet.
La medida, que será aprobada por los 15 países miembros de la Unión Europea, le permitirá a los gobiernos obligar a las compañías de telecomunicaciones a que retengan toda la información detallada sobre sus clientes por un período no especificado. Usualmente, este tipo de informaciones se conservan por un par de meses para la facturación antes de ser destruidos. Aunque la policía aún necesitará una orden de allanamiento para interceptar el contenido de las comunicaciones electrónicas, la nueva legislación hará posible la reconstrucción de todas las comunicaciones personales de cada individuo, incluyendo a quién se llamó por teléfono o envió un e-mail y qué sitios web fueron visitados.
Para los registros de teléfonos celulares, la policía también estará capacitada para hacer el mapa de los movimientos de sus usuarios porque los teléfonos se comunican con la base más cercana cada pocos segundos. En áreas urbanas, la información es precisa en un radio de algunos cientos de metros, pero cuando esté lista la nueva generación de teléfonos celulares, se podrán localizar a los usuarios en un radio de apenas metros. Tony Bunyan, editor de Statewatch, dijo: “Esta es la última víctima en la guerra contra el terrorismo, en lo que concierne a las libertades civiles”.