En la crisis brasileña, el torbellino cotidiano de denuncias de corrupción no permite a veces distinguir las acusaciones con serias repercusiones de las más superficiales. Es quizá por ello que la declaración de ayer del diputado brasileño Oscar Serraglio, secretario de una de las Comisiones Investigadoras Parlamentarias (CPI), en la que aseguró que una empresa estatal –el Banco de Brasil– entregó 25 millones de dólares al gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) en 2004, pasó casi inadvertida entre comparecencias en el Congreso y las idas y venidas del proceso contra el ex hombre fuerte de Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu.
La revelación que subyace a esta afirmación es que el dinero de esa empresa pública fue ingresado en las cuentas bancarias del publicista Marcos Valerio Fernandes en los bancos Real y de Minas Gerais, dividiéndolo en dos depósitos. Esta operación sirvió como “fachada” para dos préstamos que estas instituciones bancarias le dieron al PT, que tenían al propio Valerio Fernandes como garante. En consecuencia, esta nueva denuncia tira por tierra la versión, hasta el momento aceptada, de que Valerio era el financista de la caja 2 del PT. Por el contrario, el publicista, una de las figuras principales de la crisis política, podría no haber sido más que un testaferro.
Ahora, la pregunta que resta es: ¿de quién? ¿Quién autorizó, desde el Estado, el drenaje de fondos públicos? Para la oposición, la declaración de Serraglio demuestra que el PT, a través de su ex tesorero Delubio Soares, desviaba recursos financieros de organismos del gobierno federal a través del “valerioducto”.