El presidente George W. Bush se mostró disgustado por la decisión tomada por el Senado de Estados Unidos de no tratar la postulación del juez Samuel Alito a la Corte Suprema antes de fin de año, como él quería, y postergar el tratamiento hasta el 9 de enero. Aparentemente, la Comisión de Justicia del Senado hizo oídos sordos al pedido de Bush de confirmar la designación antes de fin de año. Por su parte, el Senado de Estados Unidos aprobó una enmienda que prohíbe el tratamiento cruel, inhumano y degradante de prisioneros del gobierno de Estados Unidos y el Partido Republicano decidió postergar un agregado que exceptuaba a la CIA de esa prohibición.
El senador republicano Arlen Specter, que preside la Comisión de Justicia, declaró que no era posible respetar el calendario que quería la Casa Blanca. A pesar de la desilusión de Bush, un vocero presidencial, Steve Schmidt, expresó “gran confianza en la capacidad de Specter de manejar un proceso extremadamente complicado”. Hay una minoría clave que amenaza la designación de Alito, ultraconservador y católico, cuestionado por la oposición demócrata, pero recibido con entusiasmo por la derecha religiosa. Se trata de 14 senadores considerados moderados, siete republicanos y siete demócratas, que están intentando acordar la actitud que asumirán los senadores sobre las audiencias de Alito, que fue designado por Bush para la Corte Suprema el lunes.
Dos de la denominada “Banda de los 14”, ambos republicanos, ya hicieron saber que, a su entender, la confirmación de Alito no puede ser obstruida por los demócratas. Son los miembros de la Comisión de Justicia Lindsey Graham y Mike DeWine, que no observan circunstancias excepcionales que justifiquen la reticencia de los “moderados”. Pero los demócratas de la “Banda de los 14” y otros republicanos son más cautos. Para ser confirmado, Alito precisa 51 de los 100 votos del Senado, donde los republicanos son 55, pero la oposición puede bloquear la votación por diversos procedimientos. Por otra parte, el Senado de Estados Unidos aprobó ayer por segunda vez una enmienda que prohíbe la tortura de prisioneros, incluida en la Ley de gastos de defensa para 2006, que el presidente Bush amenazó con vetar.
La misma enmienda había sido aprobada con una votación de 90 votos a favor y nueve en contra hace un mes. Ayer fue respaldada por unanimidad, dentro de una ley revisada de asignaciones de fondos de defensa, mediante una simple votación a mano alzada. La enmienda prohíbe el tratamiento cruel, inhumano y degradante de personas detenidas por el gobierno estadounidense. El senador republicano John McCain, redactor de la enmienda, descartó enfáticamente la posibilidad de eximir del cumplimiento de la ley a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), una excepción respaldada por la administración Bush.