El Ejecutivo francés desplegó en tres actos el dispositivo represivo y social elaborado para poner fin a la catarata de violencia que encendió los suburbios de Francia. El lunes por la noche, el primer ministro, Dominique de Villepin, anunció el recurso a una ley de 1955 que autoriza la instauración del toque de queda en el país. Ayer, al cabo de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el presidente activó esa ley que data de la guerra de Argelia (ver aparte) para, dijo Chirac, “dar a las fuerzas del orden los medios suplementarios de acción para garantizar la protección de los ciudadanos y sus bienes”. El gobierno cuenta con el impacto psicológico de esa medida que sólo puede permanecer vigente durante 12 días y necesita una autorización especial para ser prolongada. En el conjunto del territorio, sólo los prefectos de tres localidades la aplicaron: Amiens, Orleans y Savigny-sur-Orge. A partir de la cero hora de hoy, las tres localidades experimentarán la eficacia de una disposición que, si bien está aprobada por siete franceses de cada diez, suscita más interrogantes que certezas en los medios políticos e intelectuales. Por ahora, la disminución de la violencia ha sido leve. En las últimas 24 horas, unas 139 personas fueron detenidas y cerca de mil autos fueron quemados, y decenas de depósitos, escuelas, gimnasios, guarderías y otras locales devorados por las llamas. En Bruselas, cinco autos fueron incendiados durante la madrugada y se suman a los cinco del lunes. De todos modos, las autoridades belgas les restaron importancia a esos episodios y aseguraron que fueron incidentes aislados.
El tercer y último acto de la estrategia gubernamental fue la acalorada discusión que tuvo lugar ayer en la Asamblea Nacional. El jefe de gobierno amplió en la Asamblea el capítulo “social” del plan de urgencia. Este se articula en torno de tres criterios: educación, trabajo y renovación de las viviendas. En materia de empleo, Dominique de Villepin anunció que todos los jóvenes de menos de 25 años que viven en las 750 zonas urbanas sensibles (ZUS) serán atendidos en los próximos tres meses en las Agencias Nacionales del Empleo (ANPE). El jefe del Ejecutivo señaló que a cada joven se le propondrá una capacitación durante tres meses. El montaje prevé igualmente el pago de una prima de 1200 dólares, una ayuda de 180 dólares por mes y la creación de 20.000 puestos de trabajo específicos y limitados a las zonas difíciles.
En materia de vivienda, De Villepin anunció un aumento del 25 por ciento de los créditos concedidos a la Agencia de renovación urbana. En lo que atañe a la educación, el plan comprende la creación de 5000 puestos de asistentes pedagógicos en los 1200 colegios situados en los barrios sensibles, la multiplicación por dos de los equipos de sostén educativo, 100 mil becas para aprender oficios (hoy hay 30 mil) y la apertura de diez instituciones educativas destinadas a los estudiantes más talentosos. En el campo de la integración, el premier francés decidió implantar una agencia de la cohesión social y de igualdad de las posibilidades. Una de las ramas más importantes de su plan consiste en el aumento de las subvenciones consagradas a las asociaciones de los barrios, verdaderos pilares de la integración y del diálogo. El Estado gastará 130 millones de dólares suplementarios.
Con este último párrafo, Dominique de Villepin corrige la política aplicada por el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, que había suprimido esas ayudas e impuesto una línea abiertamente represiva en los barrios: policías en lugar de asociaciones. Ha quedado como un ejemplo célebre de su política –y la televisión no se cansa de mostrarlo– el discurso que Sarkozy pronunció ante la policía. El titular de la cartera, hablando de esas zonas difíciles donde la policía a menudo tiene que asumir tareas “sociales”, había dicho: “Organizar un partido de rugby con los muchachos de los barrios está bien, pero ésa no es la función de la policía. Su misión es la investigación, la interpelación”.
En Aulnay-sous-Bois, una de las localidades de las afueras de París más afectadas por la violencia, la reacción no se hizo esperar. Ahmid, un muchacho de 19 años muy activo en las revueltas de los últimos días, decía: “El primer ministro nos está tomando el pelo. Y si quiere asustarnos, se equivoca de cliente. En realidad, lo único que nos propone es la guerra. Entonces la continuaremos”. Djamel, 17 años, aseguraba: “Si piensan que encerrándonos más van a restablecer orden, no entienden nada. Lo peor de todo es que, cuando veíamos al primer ministro en la televisión, teníamos la impresión de que hablaba de nosotros como si fuéramos extraterrestres. ¿Sabes qué?: Para esa gente, nosotros no somos franceses. Seguimos siendo árabes”.
La excepcionalidad de la medida, la connotación histórica que la acompaña, es decir, la guerra de Argelia, desencadenó sentimientos encontrados. En un editorial de primera plana, el vespertino Le Monde escribió: “Exhumar un texto de 1955 equivale a enviar a los jóvenes un mensaje de una brutalidad escalofriante. A 50 años de diferencia, Francia los sigue tratando como a sus abuelos”. En efecto, 50 años atrás esa medida fue aplicada para responder a las manifestaciones contra la guerra de Argelia. Los enfrentamientos dejaron entonces decenas y decenas de muertos. En la Asamblea, el jefe de gobierno reconoció que restablecer el orden “tomará su tiempo” y justificó el recurso a esa medida debido a “las bandas estructuradas” y a la “criminalidad organizada”. De Villepin habló de una “Francia herida” y “bajo el poder de la inquietud”. El ex primer ministro socialista Lionel Jospin juzgó que la política del gobierno no estaba basada “en la igualdad”. Jospin advirtió que recurrir a una ley de 1955 “no era el mejor de los signos” y puso de relieve el hecho de que, según él, había un “gran contraste entre lo que se anuncia en el campo de la represión y lo que se dice para enfrentar el gigantesco malestar social”.