La tragedia de la sociedad francesa ya tiene un primer culpable castigado. A la decimotercera noche de disturbios, el ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, sacó de la manga una dura medida contra los extranjeros involucrados en los disturbios de las últimas dos semanas. El titular de la cartera anunció que había pedido a los prefectos –en Francia son los representantes del Estado en las regiones– que se procediera a la expulsión de los extranjeros arrestados y condenados por su participación en los disturbios. Sarkozy precisó que las expulsiones concernían tanto a los extranjeros sin permiso de residencia como a aquéllos con papeles en regla. El ministro reveló que un total de 120 extranjeros habían sido condenados hasta ayer.
Sarkozy, eximio jugador con la sensible variable de los extranjeros en Francia, apunta claramente a quienes parece considerar como elementos centrales de las revueltas en los suburbios. El oficialismo socialista no abrió aún la boca, pero una de sus corrientes internas, el Nuevo Partido socialista, denunció la “estrategia política de la provocación” encarnada por el controvertido ministro. Más de 30 asociaciones y partidos políticos se sumaron a la denuncia de esta medida cuya lectura, al menos en ciertos estratos de la sociedad, será unívoca: son los extranjeros quienes desestabilizan la sociedad. En un comunicado conjunto firmado, entre otros, por la CGT, Attac, Derecho a la vivienda, el Partido Comunista, el Sindicato de la Magistratura y los ecologistas, las asociaciones y partidos alegan que “más allá de la desigualdad manifiesta del procedimiento, Nicolas Sarkozy continúa tomando a los extranjeros como chivos expiatorios. De esta manera, confiesa que, lejos de estar abolida, la doble pena sigue en plena actualidad”.
Es notoria, por otra parte, la ausencia de reacción “vertical”de la dirigencia del PS. El único líder de peso que se pronunció ayer fue el intendente de París, el socialista Bertrand Delanoë, quien llamó “al conjunto de las fuerzas democráticas a resistir a esa dirección autoritaria”.
La sanción anunciada por el ministro implica una inflexión de su propia política. Hasta ayer, Sarkozy se había pronunciado en contra de la llamada “doble pena” que consiste en, por un lado, castigar un delito con penas de cárcel y, por el otro, expulsar al extranjero que lo cometió. La Liga de los Derechos Humanos, el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos y Tierra de Asilo condenaron igualmente el recurso a la doble pena. La Liga destacó que ese tipo de expulsiones colectivas no está autorizado por la Convención Europea de los Derechos Humanos. “Consideramos que el gobierno cae en la ilegalidad”, dijo Jean-Pierre Dubois, presidente de la LDH.
Resulta evidente que el titular de Interior utiliza el argumento de los extranjeros con el fin de ocupar el espacio político que perdió frente al primer ministro. Dominique De Villepin tomó en sus manos la gestión de la crisis de los suburbios luego de los excesos verbales de Sarkozy que fueron la leña que alimentó el fuego de la rebelión. Incluso si De Villepin desenterró una simbólica disposición de ley de 1955 que permite proclamar el toque de queda, el premier francés impuso su aristocrática “mesura” frente al espasmódico perfil de su ministro de Interior.
La victoria de De Villepin es, con todo, de una incierta fragilidad. La violencia disminuyó en las últimas 48 horas, pero nada permite aún afirmar técnicamente que ello es una consecuencia del toque de queda. Además, los prefectos e intendentes se han mostrado escépticos en cuanto a su impacto y recurrieron a ella de forma muy minoritaria. De las 750 zonas difíciles, 309 conocieron disturbios violentos y sólo cinco proclamaron el toque de queda.
Aunque fue una de las zonas más afectadas por la explosión social, ningún responsable de los departamentos de la periferia de París creyó oportuno tornarla vigente. Por otra parte, el gobierno se dotó de un abanico suplementario de disposiciones represivas aplicables en los siete departamentos de la periferia de París y 29 ciudades: arresto domiciliario de los sospechosos, registro de las casas y supervisión de las publicaciones que pueden incitar a la violencia. El martes por la noche, sólo se incendiaron 617 autos contra más de 1100 la noche precedente.
Fragilidad e incertidumbre recorren Francia. Resulta notoria la ausencia de posición fuerte de los socialistas. El partido de François Hollande no parece encontrar la “medida” adecuada con que modular su respuesta. Mientras los comunistas, los trotskistas y los verdes embisten sin ambigüedad al Ejecutivo, el PS se limitó a tímidas condenas sin proponer una solución de recambio.