“Yo, si fuese el gobierno, los habría barrido a todos.” El hombre dejó la copa de vino y miró al cliente que estaba a su lado. Este, con rostro enjuto, dijo: “Yo los habría mandado a todos a un campo de concentración”. Con el correr de los días y el recuento de las destrucciones masivas –casi 7000 autos quemados hasta ayer, decenas de guarderías, comisarías, empresas y demás instituciones del Estado–, la sociedad francesa se ha radicalizado “verbalmente”. El apoyo al toque de queda decidido por el presidente francés es aplastante: 73 por ciento a favor. Sin embargo, si la verbalidad es guerrera, los actos, en el terreno, no lo son. En las 750 “zonas urbanas sensibles” del país las armas de fuego no son una metáfora. No obstante, no se ha registrado ningún acto de venganza o de autodefensa que implicara a los habitantes de los 300 suburbios sacudidos. El gobierno, a su vez, ha dado instrucciones medidas a la policía.
El presidente Jacques Chirac y su gobierno actúan en un marco histórico de “obsesión”. En 1988, en plenas protestas estudiantiles por un controvertido proyecto de ley de reforma del sistema universitario, un cuerpo especial de la policía mató salvajemente al joven Malik Usekine en una céntrica calle de París. Esa muerte pesó en el resultado de las elecciones presidenciales del mismo año y sigue pesando hoy. Se trata de evitar todo exceso policial que podría acarrear un fenómeno de “bola de fuego” que acabaría con muchos muertos y el incendio de las urnas.
Con todo, la utilización del toque de queda radicalizó los campos políticos, tanto los de la oposición socialista como los de la mayoría conservadora. Hoy se sabe que el ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, estaba en contra de esa ley. El titular de la cartera la juzgó “demasiado dramática” y hubiese preferido acrecentar la presencia policial en los suburbios agitados. Algunos jefes e intendentes de la mayoría gobernante también criticaron el toque de queda. Existe una suerte de línea entre los políticos parisinos y aquellos que tienen responsabilidades locales, es decir, que se encuentran confrontados a las demandas diarias de la población. Así por ejemplo, Pierre Cardo, diputado e intendente de una localidad de la periferia de París, dijo: “Los responsables que toman esas decisiones no viven entre nosotros. Yo prefiero el diálogo al toque de queda”. Los socialistas también se mostraron radicalizados al menos en su manifiesto silencio “oficial”. Sólo un puñado de líderes de la rosa impugnó la medida. El intendente de París, Bertrand Delanoë, la juzgó “desproporcionada”, mientras que el ex ministro socialista de Cultura Jacques Lang se preguntó si era realmente “necesario utilizar un arsenal ligado a las guerras coloniales para aplicarlo en los barrios donde se encuentran los hijos y los nietos de la colonización”.
Marie-Noëlle Lienemann, ex ministra socialista del la Vivienda, acusó al gobierno de “coqueteo con la extrema derecha”. Gilbert Roger es uno de los principales concernidos por esta disposición. Roger es el intendente socialista de Bondy, una de las ciudades de Saint-Denis más afectadas por la violencia. El responsable municipal se negó a decretar el toque de queda porque, según él, “no se puede resolver la crisis social mediante una ley de excepción”.
Las famosas frases pronunciadas por Sarkozy cuando trató a los habitantes de los suburbios de “escoria” y prometió limpiarlos con “soda cáustica” todavía pesan en la conciencia nacional. Ello explica en mucho la prudencia con que los intendentes y los prefectos han aplicado el toque de queda: de las 300 localidades concernidas, sólo 30 lo han impuesto. En una aplastante mayoría, los intendentes han optado por el diálogo. Patrick Jarry, intendente comunista, pidió al gobierno “un esfuerzo en el respeto por estos barrios”. Los intendentes conservadores juegan la carta de la solidaridad, pero se muestran más que circunspectos. Georges Mothron comentaba que esa medida “muestra una determinación y puede calmar los ánimos, que es precisamente lo que la población espera”. Mothron, desde luego, no instauró el toque de queda en su comuna. Los intendentes temen que la disposición se vaya convirtiendo en una provocación suplementaria y que, por consiguiente, engendre una respuesta aún más violenta.