Las repercusiones de la crisis que estalló en Brasil por las denuncias de corrupción contra el partido gubernamental no tienen fin. Ayer el secretario de una de las Comisiones de Investigación Parlamentaria (CPI), el diputado Osmar Serraglio, anunció que propondrá iniciar procesos judiciales a por lo menos 50 personas. A pesar de que no quiso dar todos los nombres, destacó al ex jefe de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, al actual jefe de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Luiz Gushiken, y al ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT), José Genoino.
En declaraciones al diario Fo- lha de Sao Paulo, Serraglio, diputado del aliado gubernamental Partido del Movimiento Democrático Brasileño, se negó a dar detalles de los casos o delitos específicos que propondrá, alegando que podría crear “frentes de resistencia” entre los señalados. Sin embargo, adelantó que en el caso de Genoino el delito sería falsedad ideológica, penado en Brasil con hasta cinco años de prisión. Se prevé que presentará el informe definitivo en febrero próximo –sin valor penal pero que sirve de referencia al Ministerio Público que luego decidirá si abre o no los procesos– con el resultado de las investigaciones de la comisión.
Esta semana se espera mucha actividad en el Congreso. La CPI, que investiga las denuncias relacionadas con los Bingos, decidirá hoy si le pedirá o no al ministro de Economía, Antonio Palocci, que comparezca para responder a las acusaciones que existen sobre varios de sus ex asesores de cuando era alcalde de Ribeiro Pretto. Asimismo, el Parlamento recibió ayer un proyecto de reforma a la ley electoral, diseñado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que prevé condenas mayores a los acusados de corrupción y otras medidas moralizantes. Las reformas buscarían precisamente sancionar a los responsables de contabilidades paralelas e ilegales en las campañas electorales, con una pena mínima de tres años y máxima de seis para el candidato o tesorero partidario que utilice recursos financieros no declarados.
La inquietud surgió ya que la versión oficial que el PT y el gobierno sostienen es que sólo se trató de una contabilidad paralela del partido –de la que se responsabilizó únicamente al ex tesorero Delubio Soares–, consiguiendo, según muchos analistas locales, escapar de sanciones mayores.