“En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”, había dicho Augusto Pinochet cuando imponía su reinado sobre el país. Ahora, lejos del poder, asegura que él nunca se metió en los asuntos de su policía secreta –la DINA–, “no por cobardía, sino porque no sabía”. El juez Víctor Montiglio, después de pedir varios interrogatorios e, incluso, un careo con el ex jefe de la DINA, el general retirado Manuel Contreras, decidió ayer procesar al ex dictador y ordenar su detención domiciliaria por el asesinato de 119 militantes de izquierda en 1974 y 1975, más conocida como Operación Colombo. Esta noticia cayó como un balde de agua fría en el círculo pinochetista que se disponía a festejar, ya que horas antes, la Corte de Apelaciones de Santiago había fallado a favor de la libertad bajo fianza en la causa de las cuentas secretas del Banco Riggs.
Ya no cabe duda. Pinochet pasará su cumpleaños número 90 detenido en su residencia en el elegante barrio de La Dehesa, al este de Santiago, después de ser procesado dos veces en las últimas 24 horas. La Corte también falló a favor de un recurso de la defensa que pedía que se reviera el monto de la fianza impuesta por el juez Carlos Cerda y la redujo de un poco menos de 23 mil dólares a 11.300 dólares. Los partidarios del ex dictador comenzaron entonces a preparar lo que sería su fiesta de cumpleaños hoy. La Fundación Augusto Pinochet, que agrupa a ex ministros y antiguos jefes militares hoy retirados, preparaban el homenaje, similares a los multitudinarios honores que Pinochet recibía cada 25 de noviembre durante su extenso y oscuro gobierno de facto.
La decisión de Montiglio reanimó las esperanzas de los familiares de los asesinados y desaparecidos políticos por la dictadura pinochetista que esperaban que el ex presidente de facto pasara su cumpleaños aislado y detenido. Según el procesamiento, el juez consideró que existen pruebas suficientes para creer que el general Pinochet participó en el secuestro y desaparición de Carlos y Aldo Pérez Vargas y Bernardo Castro, desaparecidos el 9 de septiembre de 1974 y que integraban las filas del clandestino Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
También estableció su posible responsabilidad en la desaparición de otros cuatro miembros del MIR: Manuel Acuña, Miguel Angel Acuña, Modesto Espinoza y Roberto Aranda. La desaparición y el posterior asesinato de estos militantes se realizó dentro de lo que se conoció como Operación Colombo, en la que la dictadura chilena –con ayuda de los gobiernos de facto vecinos– mató a 119 opositores de izquierda y luego lo hizo pasar como una vendetta interna dentro del MIR, en territorio extranjero.
El 14 de septiembre pasado, la Corte Suprema desaforó al ex dictador para que le proveyera a la Justicia información sobre los agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) que estuvieron involucrados en esta operación. En los interrogatorios que le realizó el juez Montiglio y en el careo con Contreras, Pinochet negó cualquier responsabilidad directa sobre las acciones de la DINA, dijo desconocerlas y, si no, no acordarse. “Yo sólo podría tener una responsabilidad indirecta, porque, por ejemplo, el jefe le pregunta algo al jefe de inteligencia, es la pregunta que hace el jefe; ahora cómo el jefe de servicio va a lograr esa información es problema de él”, se defendió Pinochet en el careo con su ex subalterno.
El procesamiento fue posible, en gran parte, a los últimos informes sobre la salud del general. Según los peritos, Pinochet no sufre enajenación mental, sino que exagera su trastorno cognitivo y, por lo tanto, está apto para enfrentar un juicio. Directivos de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se presentaron ayer ante la Corte Suprema para pedir que los sobreseimientos en las causas Caravana de la Muerte y Operación Cóndor fueran revisados, ya que se sustentaron en el supuesto estado físico del ex dictador. Según la AFDD, los exámenes médicos ordenados por el juez Montiglio desestiman este argumento (ver aparte). Sin embargo, el abogado Eduardo Contreras aseguró que no cree que Pinochet eventualmente “vaya a la cárcel porque no hay voluntad política para encarcelarlo”. La causa Operación Colombo estuvo inicialmente en manos del juez Juan Guzmán Tapia que tres años atrás procesó y encarceló a siete ex oficiales y agentes del régimen pinochetista, entre ellos a Contreras, por el secuestro de sólo 23 de los 119 militantes de izquierda. Cuando Guzmán Tapia se jubiló, sus investigaciones pasaron a manos de Montiglio. En la actualidad, hay unos 350 agentes estatales sometidos a proceso por los asesinatos y los secuestros de la dictadura pinochetista.
Luego de los secuestros y los asesinatos, entre 1974 y 1975, la dictadura tuvo que construir una “versión oficial” que acallara las denuncias de organizaciones de derechos humanos internacionales. Un artículo de la época de un diario oficial afirmaba: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas”.