Fiel a su estilo, la Justicia chilena sigue sin adoptar una postura coherente respecto de Augusto Pinochet. La Corte de Apelaciones de Santiago dictó ayer el desafuero del ex dictador por dos casos en la causa de la Caravana de la Muerte –la matanza de 75 opositores a fines de 1973–, al tiempo que aprobaba la libertad bajo fianza que había otorgado el juez Víctor Montiglio el lunes pasado por tres muertes en el marco de la llamada Operación Colombo. El ex presidente de facto deberá pagar una fianza de alrededor de 20.000 dólares antes de poder finalizar su arresto domiciliario, aunque su abogado, Pablo Rodríguez, ya adelantó que su cliente no goza de esa suma de dinero ya que sus bienes y sus cuentas fueron embargadas por la causa de las cuentas secretas del Banco Riggs. No obstante, Rodríguez aseguró que la familia intentará reunir el dinero con ayuda de sus amigos y allegados. El desafuero alcanza los casos de dos ex guardaespaldas del presidente derrocado Salvador Allende, detenidos el mismo día del golpe militar, que habían quedado excluidos en la causa por la que en el 2002 Pinochet fue sobreseído por sufrir de demencia. Se espera que la defensa del ex dictador apele la decisión de segunda instancia ante la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.