Vie 03.02.2006

EL MUNDO

Los archivos desaparecieron hace 10 años, para la Armada uruguaya

El nuevo jefe de esa arma, Juan Fernández, aludió así a que durante la democracia se ocultó información sobre la dictadura.

El paso de mando de ayer en la marina uruguaya dio de qué hablar. Lo que se suponía iba a ser una ceremonia simple se convirtió en el disparador de una nueva polémica. El sucesor del cuestionado Tabaré Daners, el comandante Juan Fernández, confesó que cuando realizaba una investigación interna sobre los archivos de la época de la dictadura le dijeron, “incluso oficiales retirados”, que habían sido “destruidos” hace más de diez años. La sorpresa fue aun mayor cuando explicó de dónde había venido la orden: “Fueron sucesivas autoridades y por directivas del Poder Ejecutivo”. Las fichas destruidas, explicó Fernández, pertenecían a personas que figuraban por “motivos ideológicos”, por ejemplo, por “pertenecer a determinados partidos”. La ceremonia del Ejército también tuvo lo suyo. El nuevo comandante, el general Carlos Díaz, le dijo a la prensa que está “muy reiterativa” con el tema de la tortura y el perdón.

Rápidamente las declaraciones comenzaron con la controversia, ya que sería la primera vez que se conoce que un gobierno civil ha ordenado encubrir información sobre la dictadura. En conversación telefónica con Página/12, uno de los coordinadores del Serpaj (Servicio de Paz y Justicia Uruguay), Guillermo Payseé, adelantó que se reunirán en los próximos días con otras organizaciones de derechos humanos para consensuar una declaración conjunta, “que saldría a más tardar el lunes”. Aún más, aseguró que si ningún fiscal o juez actúa de oficio para clarificar el asunto, serían las propias organizaciones las que presentarán una denuncia para que se llame a declarar a Fernández ante la Justicia y que explique cuáles fueron sus fuentes. Sólo así se conocerán los verdaderos responsables políticos de lo que, considera, tuvo el “claro objetivo de encubrir delitos que habrían sucedido en la Armada, como secuestros, torturas y asesinatos”.

Desde la oposición blanca-colorada, la respuesta fue unánime. “Nunca lo escuché”, afirmaba ayer el ex ministro de Defensa de Jorge Battle, Yamandú Fau, muy similar a lo que, indignadamente, aseguraba poco después el vicepresidente nacionalista Gonzalo Aguirre: “Es la primera vez que oigo semejante afirmación”. Aunque no quiso dar declaraciones sobre el tema, el que fuera compañero de fórmula de Aguirre, Luis Alberto Lacalle –que presidió el país desde 1990 a 1995– le dijo a Radio Sarandí que “las fuerzas armadas, en estas circunstancias, están sometidas al interrogatorio de periodistas”, y agregó que espera que los oficiales “hablen lo menos posible”. Desde el gobierno frenteamplista, en cambio, nadie hizo declaraciones ni opinó sobre el tema.

Y como el ejército no es menos... El recién asumido general Carlos Díaz, reemplazante de Angel Bertolotti, dio un discurso relativamente neutro en el que los derechos humanos y los pasados gobiernos de facto brillaron por su ausencia. Sin embargo, el nuevo jefe del Ejército no pudo rehuir al tema en la posterior conferencia de prensa. Allí, y presionado por la insistencia de los periodistas locales, se refirió al tan reclamado perdón. “¿Qué hice yo o mis subalternos para pedir perdón? En el momento en que se prueben determinadas situaciones veremos qué ordena el mando superior, pero no está en los reglamentos que como comandante deba pedir perdón, eso no figura entre mis potestades.” Esta postura es muy cercana a la que se pregonaba en los gobiernos anteriores. El propio ex presidente Lacalle afirmó ayer que “el perdón es algo individual; las instituciones no tiene responsabilidad penal”.

Para Guillermo Payseé del Serpaj, las declaraciones de los nuevos comandantes y las de sus predecesores demuestran que, a pesar de los innegables adelantos conseguidos a partir de la política del actual gobierno, las cúpulas castrenses “no tienen una conciencia real, un análisis real de esas fuerzas armadas que vinieron a actuar contra la sociedad en 1973”. Para Payseé, el verdadero problema es, en realidad, que “veinte años después, los militares no tienen una evaluación clara de lo que sucedió”. Una evidencia de ello fueron los informes, que según Payseé, “todavía representan informaciones muy parciales y reducidas”.


Informe: Laura Carpineta.

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