Guatemala está sufriendo la vuelta feroz de los viejos tiempos. Ayer, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua) condenó las amenazas de muerte que comenzaron a llover contra activistas humanitarios, periodistas y religiosos. Anteayer, la líder indígena Rosalina Tuyuc había denunciado amenazas de muerte en su contra, mientras el fiscal general de Guatemala, Carlos de León, declaraba que lo estaban espiando telefónicamente. El viernes pasado, cuatro periodistas denunciaron que fueron amenazados de muerte. Las sospechas recaen sobre grupos clandestinos dentro de las Fuerzas Armadas, que el propio gobierno reconoció que no podían controlar, y que están inquietos ante las denuncias del incumplimiento de los acuerdos de paz de 1996.
Los periodistas amenazados son Marielos Lonzón, Ronaldo Robles, Abner Guoz y Rosa María Bolaños, y sus denuncias fueron respaldadas por la Asociación de Periodistas de Guatemala y el Centro para la Defensa de la Libertad de Expresión. Monzón y Robles conducen el programa radial “En perspectiva”, donde se denunció el accionar de grupos armados paramilitares, heredados de la guerra sucia y nunca desactivados. Según Minugua, el tipo de mensajes recibidos serían una prueba de que son estos mismos grupos los que realizaron las amenazas: identificados como “Guatemaltecos de verdad”, estos grupos hicieron una lista de 10 periodistas y activistas de derechos humanos “traidores a la patria”. “Estos malditos personajes son una lacra para la sociedad, son parásitos de los derechos humanos que deben ser exterminados como se erradica un cáncer –dicen las amenazas–. Las advertencias están de más, ahora actuaremos de verdad para que estos traidores de la patria chillen por algo”. Además de los periodistas citados, también recibieron amenazas los activistas Helen Mack, Clara Arenas, Fran La Rue, Mario Polanco y Nery Rodenas.
Fue en el mismo programa radial que el presidente guatemalteco, Alfonso Portillo, reconoció la existencia de los grupos clandestinos, pero afirmó que el Estado es incapaz de investigar y controlar a las personas que se dedican a amenazar e intimidar a activistas humanitarios en el país. En todo caso, el gobierno guatemalteco no exhibe el mejor de los perfiles para solucionar este tema: Efraín Ríos Montt, ex dictador, es presidente del Congreso y uno de los dirigentes más influyentes en el gobierno, y el general Eduardo Arévalo ocupa el Ministerio del Interior a pesar de las múltiples denuncias en su contra como responsable de varias masacres durante los años de plomo. Unos años que no parecen haber terminado.