Por Manuel Délano *
Desde Santiago

La Corte Suprema de Uruguay concedió ayer la extradición a Chile de dos coroneles uruguayos en servicio activo y de un general en retiro, todos del servicio de Inteligencia, para que sean juzgados en Santiago por su participación en el secuestro y asesinato del químico y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, la policía política de la dictadura militar) Eugenio Berríos. La prensa de ambos países consideró “histórico” el fallo, pues por primera vez militares de este rango serán extraditados entre países del Cono Sur. En el ejército uruguayo “hay preocupación”, aunque el fallo “va a ser acatado”, dijo una fuente militar.

El fallo del Tribunal Supremo de Uruguay es inapelable. Tuvo el voto favorable de sus cinco miembros, que aprobaron la extradición de los coroneles Waldemar Sarli y Eduardo Radaelli y del general retirado Tomás Casella, procesados en Chile por asociación ilícita y secuestro. Otros seis militares chilenos, entre ellos dos generales retirados, están procesados por el mismo caso. La Justicia uruguaya ordenó ayer la detención de los tres militares, que aguardaban en libertad la aplicación de la sentencia de extradición. La resolución judicial fue conocida pocas horas después de la visita que realizó a Montevideo la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

El abogado defensor de los coroneles, Amadeo Otatti, criticó esta coincidencia y afirmó que aun cuando existe malestar en el ejército uruguayo, los uniformados acatarán el fallo. Además consideró que el caso compete a la Justicia uruguaya y no la chilena, porque “los delitos fueron cometidos en Uruguay”, destacando que “la Justicia uruguaya ya se expidió archivando la causa”. En esa línea, el presidente del Centro Militar del Uruguay, el general retirado Raúl Mermot, criticó la decisión de la Corte de extraditar a los tres oficiales, informó la radio uruguaya El Espectador. “Creo que lamentablemente la Corte Suprema de Justicia no tuvo conocimiento de estas actuaciones (ocurridas durante la investigación en Uruguay), con lo que perdió la posibilidad de salvaguardar las garantías individuales y la soberanía, así como la posibilidad de decidir con todos los elementos a su alcance”, expresó el militar.

Conocido como el “químico de la DINA”, Berríos desarrolló durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) la fabricación de gas sarín para el ejército. También estuvo implicado en los asesinatos del funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria y del ex ministro socialista Orlando Letelier. La Justicia investiga también su participación en el fallecimiento del ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), en 1982, en una extraña infección posoperatoria, cuyo origen se atribuye a Berríos. Era un hombre que sabía demasiado de los crímenes de la dictadura chilena y eso, al parecer, le significó su desaparición en Uruguay y su posterior asesinato. Su cadáver fue hallado maniatado y con dos balas en el cráneo, en 1995, cerca de Montevideo.

Tres años antes, la Dirección de Inteligencia (DINA) del ejército chileno sacó a Berríos clandestinamente del país, con rumbo a Buenos Aires y después a Montevideo, para evitar que compareciera a declarar ante la Justicia. En 1992, Pinochet era jefe del ejército y conservaba una gran cuota de poder. Según están comprobando diversas investigaciones judiciales en Santiago, la DINA cumplió en ese período la tarea de sacar del escenario a quienes podían comprometer a Pinochet en casos de crímenes o corrupción.

En esta función recibió colaboración de miembros de los aparatos de Inteligencia de Uruguay y Argentina, en una reedición de la Operación Cóndor, desarrollada por las dictaduras sudamericanas en los años ’70 y ’80 para exterminar opositores, pero ahora en democracia y con el objetivo de la impunidad. Berríos se mantuvo oculto en Uruguay, bajo vigilancia de oficiales chilenos, para eludir a la Justicia de Santiago. A fines de 1992 se presentó ante la policía uruguaya, denunciando que temía por su vida y que estaba secuestrado por militares de ambos países. La policía, sin embargo, devolvió a Berríos a sus captores, oficiales uruguayos, y desde entonces se perdió su pista, hasta que fue hallado su cadáver. Sus familiares interpusieron una querella en Chile y, según sostienen, Berríos fue asesinado porque quería comparecer ante la Justicia.

El juez Alejandro Madrid, que investiga el crimen de Berríos, afirmó ayer que la resolución de la Corte Suprema uruguaya “tiene una importancia enorme” y explicó que ahora las cancillerías de ambos países deben coordinarse para el traslado de los tres militares. El abogado Alvaro Varela, que representa a la familia del ex presidente Eduardo Frei Montalva, sostuvo que la asociación ilícita que asesinó a Berríos quería “eliminar toda posibilidad de que él hablase lo que sabía sobre las operaciones que se hacían en la época en que murió el presidente Frei Montalva, tendientes a eliminar personas aplicándoles gas sarín y otros productos de esa naturaleza”. La conclusión de Varela es categórica: “Estas operaciones eran comandadas, eran del conocimiento del comandante en jefe del ejército, general Augusto Pinochet”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.