Michelle Bachelet quiere un ejército profesional y, para ello, anunció que en ocho años ya no será necesario el Servicio Militar Obligatorio (SMO) para engrosar las filas militares. Este proyecto supone un paulatino aumento de los conscriptos voluntarios, que serían atraídos por mejoras en materia salarial, de educación y salud. Esto se complementa con el ingreso, año a año, de cientos de soldados a los cursos de formación profesional. Estas iniciativas fueron bienvenidas por los sectores vinculados con el ejército. En diálogo telefónico con Página/12, el ex vicecomandante en jefe de esa arma Rafael Villarruel aseguró que “todo lo que se haga pensando en la unidad nacional es positivo, para la fuerza y la sociedad”.

“La idea es llegar a un ejército profesional con menos conscriptos y más profesionales”, sintetizó ayer la presidenta en su visita al regimiento Buin de Santiago. El proyecto propone reemplazar el servicio obligatorio de un año por un período de cuatro años no renovable en el que los conscriptos voluntarios recibirán capacitación en distintas tareas técnicas y, cumplidos los dos años, podrán decidir si quieren ingresar en un proceso de calificación para incorporarse en la planta permanente de la institución. De esta manera, argumentan los que defienden la iniciativa, el ejército disminuiría los costos de capacitación ya que no estaría entrenando cada año a una camada que eventualmente dejará, de forma íntegra, la fuerza y, además, podrá mantener operativas todo el año sus unidades más importantes.

Algunas de las medidas de este proceso de profesionalización militar –que comenzó ya con el ex presidente Ricardo Lagos– ya empezaron a ser aplicadas y, según Villarruel, “ha venido dando buenos resultados”. Este año unos 500 efectivos comenzaron su entrenamiento profesional y, en los últimos tiempos, a partir del gradual crecimiento de la planta de personal técnico se ha conseguido reducir el número de llamados del SMO de 18 mil a 14 mil. Como si fuera poco, las últimas mediciones demuestran que alrededor de un 75 por ciento de los reclutas que entran cada año no llegan a ser convocados, sino que se presentan voluntariamente. Para continuar fomentando esta tendencia, el gobierno de Bachelet ya tiene planeado un paquete de incentivos para los conscriptos, entre los que figura un sueldo de unos 52 dólares mensuales.

El comandante en jefe del ejército, Oscar Izurieta, también dio el visto bueno a las propuestas. “Es un excelente primer empleo para un futuro proyecto de vida” dentro o fuera del ejército, aseguró Izurieta, que destacó los posibles beneficios que tendrán estas reformas: “Es muy bueno para liberar todas las presiones que existen sobre el servicio militar y sube notoriamente la capacidad de alistamiento del ejército”. A pesar del buen clima local que acompaña este proceso de profesionalización y modernización, en el exterior ya está causando algunos temores.

Desde hace ya varios meses, el gobierno peruano ha advertido sobre una posible “carrera armamentista” chilena. Desde el gobierno de Lagos se ha avanzado sobre un proceso de renovación del armamento, alcanzando un nivel de sofisticación tecnológica que lo comienza a situar como uno de los países de la región mejor equipados. Desde el gobierno chileno han negado en repetidas ocasiones que se trate de una “carrera armamentista” y sitúan las adquisiciones militares dentro del proyecto más general de modernización de las fuerzas armadas. No obstante, el año pasado Chile realizó un ejercicio militar en el que supuestamente debía hacer frente al ataque de dos países –cualquier similitud con el número de países andinos con los que Santiago todavía mantiene diferendos es pura casualidad– y, gracias a sus nuevas capacidades materiales, salió airoso. Perú, mientras tanto, sigue manteniendo que la brecha militar que se está creando entre su país y Chile es “alarmante”.