El acuerdo para una reforma migratoria en el Senado de Estados Unidos, que había sido calificado el jueves como “un gran paso” por los líderes demócrata y republicano de esa Cámara del Congreso y saludado por el presidente George W. Bush, fue en realidad un nuevo paso atrás. Por 60 votos contra 38, los senadores rechazaron avanzar nuevamente en el acuerdo que decidirá la suerte de unos 12 millones de inmigrantes indocumentados. En cambio, se proclamaron en favor de continuar el debate después del receso de dos semanas que iniciará el Congreso este lunes por Semana Santa. El compromiso cuidadosamente forjado entre ambos partidos fracasó por motivos de procedimiento, ya que los republicanos pretendían debatir más enmiendas de las que los demócratas permitían.

El de ayer, sin embargo, no fue el primer proyecto frustrado. Todo comenzó cuando el Comité Judicial del Senado aprobó un proyecto de ley basado en el borrador del demócrata Edward Kennedy y el republicano John McCain que legalizaba a los 12 millones de indocumentados en el país y creaba un programa de trabajadores huéspedes con 400.000 visados de empleo anuales. Ese proyecto fue derrotado el jueves en el pleno del Senado, pero al mismo tiempo se logró un acuerdo bipartidario para aprobar la propuesta –más restrictiva– de los republicanos Chuck Hagel y Mel Martínez. Ese proyecto concedía beneficios e imponía requisitos en base a tres categorías de inmigrantes: los que están desde hace más de cinco años los que llevan entre dos y cinco años y los que están hace menos de dos años.

La propuesta Hagel-Martínez se anunció el jueves con bombos y platillos como un buen “término medio” que permitiría la legalización para unos siete millones de indocumentados y un programa de trabajadores temporales para el resto. Pero los republicanos votaron ayer unidos contra la propuesta –desafiando a su líder en el Senado, Bill Frist–, mientras que los demócratas perdieron seis votos de sus propios correligionarios. La traba principal fue la negativa a permitir que avanzasen enmiendas republicanas que imponían más restricciones. De acuerdo con fuentes legislativas, los republicanos pretendían debatir 20 enmiendas al proyecto y los demócratas sólo aceptaban debatir un máximo de tres.

A meses de las legislativas de noviembre, en las cuales los republicanos se esfuerzan por mantener el control del Congreso, ambas partes se culparon mutuamente por el estancamiento. Los demócratas culparon a los republicanos de obstruccionismo e incompetencia. “Los republicanos están en desbandada. Bloquean la reforma migratoria, no pueden aprobar un presupuesto y han dejado claro que son demasiado incompetentes para gobernar con eficacia”, indicaron los demócratas. Frist replicó a su vez que “el gran problema” ha sido la intransigencia demócrata y evadió contestar si el pleno del Senado intentará otro debate en lo que resta del año. “Después de nueve días y 400 enmiendas presentadas, que sólo tres llegasen a debate y votación es una farsa”, se quejó Frist.

Las voces de unos y otros se hacían escuchar por todas partes. “Estamos aquí para decir que esta lucha no ha terminado. Nos vamos a un receso (legislativo) pero seguiremos presentándolo y presentándolo (el proyecto) hasta lograr su aprobación”, dijo, por su parte, el senador republicano John McCain, flanqueado por colegas de ambos partidos. El Ejecutivo también se sumó a la controversia. El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, coincidió en que los senadores demócratas impidieron el debate de las enmiendas. “Instamos al líder de la minoría en el Senado (Harry Reid) a que deje de bloquear este proceso para que se logre la aprobación de una reforma migratoria”, dijo McClellan, haciendo eco de las palabras de Bush.

Pero dicha aprobación en el Senado no sería el final. La medida que salga del Senado tendrá que ser homologada con la del republicano James Sensenbrenner, que la Cámara de Representantes aprobó en diciembre pasado. Esa medida autoriza la creación de un muro en la frontera con México, convierte en criminales a los extranjeros sin papeles y estipula sanciones contra grupos que les ofrezcan alivio. Los grupos pro-inmigrantes convocaron una nueva protesta el próximo lunes en todo el país.