Por Yolanda Monge *
Desde Washington

La comunidad hispana de Estados Unidos lanzó ayer un desafío: existe y quiere derechos. En un país sin tradición de huelgas, a pesar de que el 1° de Mayo tenga sus orígenes en una matanza de obreros en Chicago en 1886, cientos de miles de personas aceptaron el reto de parar la nación y millones de ocupar las calles de más de 60 ciudades. Sólo entre Los Angeles, Chicago y Nueva York los manifestantes sumaron un millón y medio. De costa a costa, miles fueron los que no acudieron a sus puestos de trabajo o a las aulas, para reclamar dentro del “gran paro americano” derechos para los millones de inmigrantes indocumentados –entre 11 y 12– que viven y trabajan en Estados Unidos. Más allá de las masivas marchas y el inédito boicot económico, la jornada, “un día sin inmigrantes”, estuvo cargada de un gran simbolismo.

El alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, advirtió a CNN que todavía “era imposible estimar el impacto económico del boicot”. Sin embargo, algunos datos pueden dar una dimensión del “peso” que demostraron tener los millones de inmigrantes. Solamente en California y con la suspensión de las actividades de los dos principales puertos –el de Long Beach y el de Los Angeles– las pérdidas ascenderían a un millón de dólares, ya que el 90 por ciento de los camioneros que debían descargar los contenedores estacionaron sus vehículos y se negaron a trabajar. El boicot de la Asociación de Comerciantes, la organización que nuclea a los 120 puesteros que movilizan la mercadería perecedera que viene principalmente de América latina y el Caribe –bananas, flores, etc.–, representaría una pérdida de alrededor de un millón de dólares.

Barrios fantasma con las tiendas de comestibles cerradas. Ningún camarero hispano para servir las mesas. Servicios de limpieza paralizados hasta hoy. Jardines sin jardineros... En todo el país, fueron varias las plantas envasadoras de carne que echaron el cerrojo. La empresa Cargill, por ejemplo, autorizó a sus 15 mil trabajadores a faltar y cerró todas sus plantas en el país. “Estamos intentando enviar un mensaje a nuestros empleados de que estamos juntos en esto”, explicó la empresa. Desde McDonalds, en cambio, se informaba que sus restaurantes de comida rápida operarían con el personal mínimo. Las Vegas afrontaba un día sin croupiers. Era la fotografía del día en que los indocumentados llegados desde más allá de la frontera sur de EE.UU. dijeron: “Existimos y aquí estamos”. “Hoy no tengo miedo a la policía”, confiesa desafiante Mónica Salas. Limpiadora, salvadoreña, 33 años, Salas defiende que no hay humanos “ilegales”. “Somos personas que salieron de su país por necesidad”, dice. “Somos necesarios para este país y hoy (por ayer) lo vamos a probar.” Salas ya no lleva la bandera de El Salvador como en otras convocatorias. Ondea al aire la de las barras y estrellas. No quiere herir sensibilidades. Cuando en las primeras manifestaciones de marzo se llenaron las calles de enseñas mexicanas, algunos medios de comunicación dieron el grito de alarma ante una posible “reconquista” de algunos estados del suroeste.

En el sur de California, unos 75 mil alumnos de primaria y secundaria faltaron a la escuela. La policía y las autoridades civiles, en tanto, armaron un ambicioso operativo de seguridad, similar al de unos Juegos Olímpicos o de un funeral presidencial. En Nueva York, cadenas humanas interrumpieron el tránsito al mediodía en cinco puntos clave de la ciudad, durante veinte minutos en el horario de almuerzo (ver aparte). Pero no todos los inmigrantes se adhirieron al boicot. El miedo provocado por los despidos después de las primeras marchas de marzo y por las recientes redadas en todo el país tuvo como resultado que muchos inmigrantes, y especialmente los indocumentados, optaran por “complacer a los empleadores” e ir a trabajar. Sin embargo, casi todos los que no faltaron, participaron luego de las marchas (ver aparte).

Ninguna duda sobre el despertar y creciente poder político y económico de los más de 41 millones de hispanos en Estados Unidos –sobre una población de más de 290–, que conforman la minoría más grande del país. Se calcula que cerca de 12 millones están indocumentados, según el Pew Hispanic Center, y de ellos, alrededor de siete millones son trabajadores. La lucha sobre cómo resolver su situación irregular se ha recrudecido desde 2004, cuando el presidente George W. Bush propuso un programa de permisos temporales para los trabajadores. Actualmente, es el Senado el que ha de pronunciarse esta semana sobre la cuestión. Con las leyes desbordadas, sin solución ni para la demanda de mano de obra ni para la presencia de los indocumentados, republicanos y demócratas tienen posiciones encontradas.

“Este país está hecho por inmigrantes. Los únicos americanos de verdad son los indios”, aseguraba Ramón Cifuentes, mexicano que ayer no acudió a trabajar a la obra. Sentado a la puerta de su casa en la calle 16 de Washington, Cifuentes declaraba llevar ya más de seis años sin papeles dentro del país. “No soy un criminal, hago el trabajo que los ‘gringos’ no quieren y me quieren botar.” Pedía una explicación. Laydis Garrido se la daba: “Salimos más baratos, trabajamos más y no tenemos derechos”. En opinión de Garrido, ellos son “los nuevos esclavos de América”. A media tarde, la CNN abrió un turno de llamadas para los televidentes. Muchos estaban a favor de que se les conceda la ciudadanía a los indocumentados. Otros muchos consideraban que había que ponerlos de vuelta en la frontera. Con el “gran paro americano”, los dirigentes hispanos han querido refutar los argumentos de los conservadores de que los inmigrantes son una carga pública y quitan empleos a los estadounidenses.

Un país dividido en la opinión pública. Aunque cuando se consultan las estadísticas la historia es otra: según datos de la semana pasada de NBC/Wall Street Journal, el 68 por ciento de la población aprobaría un programa de trabajo que permitiera con posterioridad a los indocumentados obtener la ciudadanía, frente al 28 por ciento que se oponía. En cuanto al boicot, las cifras son mucho más desalentadoras: sólo un 17 por ciento consideraba que favorecería a los inmigrantes. Un amplio 57 por ciento opinó que les haría más mal que bien. Las cifras las conocen las organizaciones latinas. Por eso hay grupos que se opusieron a la jornada de protestas por considerarlas contraproducentes. Y grupos que apoyaron el día de huelga porque consideraron que la historia de Estados Unidos rebosa de ejemplos de cómo la perseverancia es clave en la lucha social. El resultado, sin embargo, es inequívoco: los inmigrantes se ganaron su lugar en la mesa de negociaciones.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.