Cartas anónimas, rumores, investigaciones paralelas de los servicios de inteligencia, supuestas cuentas secretas abiertas en paraísos fiscales, sospechas, informantes de las sombras y mentiras, éstos son los ingredientes del escándalo que sacude al Ejecutivo francés y cuyos principales protagonistas son, una vez más, De Villepin y Sarkozy. El episodio de novela político-financiera es conocido como “el caso Clearstream”, nombre de una empresa especializada en el intercambio de acciones con sede en Luxemburgo, uno de los paraísos fiscales de Europa. Detrás de Clearstream se mueven varios personajes que en uno u otro momento tuvieron relación con el jefe del Ejecutivo y que hacen de él un posible engranaje de las denuncias calumniosas que cayeron sobre distintos hombres políticos, entre ellos su rival más acérrimo, Sarkozy. Documentos anónimos mencionaron a Sarkozy como beneficiario de fondos negros pagados a través de Clearstream. El entorno del titular de la cartera de Interior sospecha que De Villepin y el presidente francés, Jacques Chirac, dieron “instrucciones” para que se realice una investigación sobre su enemigo común para probar que esas denuncias eran verídicas. Los socialistas, que ya bautizaron el asunto como un Watergate, interpelaron al presidente para que intervenga y pidieron incluso la renuncia de De Villepin. En el seno del partido gobernante, la UMP, cunde el pánico por la posibilidad de que “Clearstream” haga añicos la propuesta electoral de la derecha y muchos de sus miembros empezaron también a sugerir la renuncia del premier.

La historia de Clearstream es uno “rebote tardío” de uno de los escándalos más grandes que haya conocido Francia y que implicó al grupo petrolero francés ELF, a la multinacional Thomson (hoy Thales), a China, Taiwan y al gobierno socialista del difunto presidente François Mitterrand. En 1988, el grupo Thomson trató que el Ejecutivo socialista aprobara la venta de seis fragatas a Taiwan. La operación, cuyo monto se elevaba a casi 3 mil millones de dólares, disgustó a China y finalmente no fue autorizada por el canciller socialista Roland Dumas. Thomson se alió entonces con una de las eminencias grises del grupo petrolero ELF, el lobbista Alfred Sirven, quien ofreció poner a disposición de Thomson las redes de que disponía para apaciguar la oposición de Pekín y convencer al canciller de autorizar la venta de las seis fragatas. Tras varios meses de negociaciones y muchas comisiones ocultas, China acalló sus críticas y la Cancillería levantó su veto. El contrato se firmó en agosto de 1991. Pero, en 1993, un cadáver flotando en las costas de Taiwan vino a destapar la olla. El cuerpo pertenecía al capitán Yin Chin Fena, asesinado justo cuando se aprestaba a revelar el lado oscuro de la operación. Según las autoridades de Taiwan, la compra de las fragatas dio lugar al pago de fabulosos sobornos, abonados a intermediarios, hombres políticos y militares de Taiwan, China y Francia. Este es el primer capítulo.

El segundo empieza en el 2004, cuando el juez Renaud van Ruymbeke, encargado de la instrucción del escándalo de las fragatas, recibió notas anónimas y varios CD-roms con nombres de personalidades políticas que habrían cobrado algunas comisiones a través de la empresa luxemburguesa Clearstream. Entre esos nombres figuraban los de Sarkozy y dirigentes socialistas como el ex ministro de Economía Dominique Strauss-Kahn. El tercer capítulo es el que arrastra hoy al primer ministro. En realidad, existen varias listas con nombres denunciados. Una la sacó de la manga Jean-Louis Gergorin, un allegado de De Villepin, que se la entregó al general Philippe Rondot, entonces consejero para asuntos de inteligencia en el Ministerio de Defensa. Rondot consideró que esas listas habían sido manipuladas. Pero los papelitos anónimos siguieron en circulación y así llegaron por correo a manos del juez Renaud van Ruymbeke. Según argumenta Le Monde, en el 2004, siguiendo las instrucciones del presidente francés, Dominique de Villepin ordenó al general Rondot una “investigación confidencial” sobre los hombres políticos que aparecían en las listas, entre ellos Sarkozy. La policía, que rastreó el domicilio del general, encontró una nota que decía: “Asunto político: N. Sarkozy. Fijación sobre N. Sarkozy (ref. conflicto J. Chirac/N. Sarkozy”. El general dice hoy que se trataba de una nota “personal” y no de una instrucción. A su vez, el presidente francés desmintió cualquier implicación en el asunto.

Pero un nuevo episodio vino a complicar la versión de De Villepin según la cual nunca “investigó a Sarkozy”. En abril de 2004 empezaron a llegar las notas anónimas y los CDs a la oficina del juez, que investigó y rápidamente llegó a la conclusión de que se trataba de una manipulación. En julio de 2004, cuando los documentos trucados fueron publicados por la prensa, Dominique de Villepin ocupaba la cartera de Interior. Es desde ese puesto que De Villepin “encargó” otra investigación a los servicios secretos. Sin embargo, ya conocía de antemano el resultado. Los servicios de inteligencia denunciaron una vulgar “manipulación”. Las explicaciones dadas ayer por De Villepin dejaron un signo de interrogación flotando en el ya agitado paisaje político francés.