Una jueza chilena decidió abrir un proceso penal en ese país contra el electo presidente peruano Alan García por los cargos de violaciones a los derechos humanos. La titular del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago, Romy Rutherford, acogió la denuncia planteada por representantes del Comité de Refugiados del Perú en Chile, la que fue interpuesta ante su despacho el mismo día que García se reunía con Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda. Los denunciantes acusan a García, quien ya gobernó Perú entre 1985 y 1990, por el asesinato de cerca de 250 reclusos durante un motín carcelario en junio de 1986. La jueza Rutherford ha sustentado la apertura del proceso penal contra el electo presidente peruano amparándose en el principio de que los crímenes de lesa humanidad tienen competencia internacional y les ha dado a los demandantes un mes de plazo para que demuestren que en el Perú no hay un proceso abierto contra García por el mismo caso, lo que ha señalado como requisito para que la causa pueda proseguir en Chile.

Los principales colaboradores de García han intentado restarle importancia al tema. “La denuncia no nos preocupa”, aseguró Mauricio Mulder, secretario general del partido aprista que lidera García. Mulder se mostró confiado en que la acusación no prosperará. “Esto no afectará las relaciones con Chile”, agregó Mulder. García ha insistido en que uno de los principales objetivos de su política exterior será mejorar las relaciones, tradicionalmente conflictivas, entre Perú y Chile, y actualmente negocia un tratado de libre comercio con ese país.

La acusación contra García tiene su origen en el cruento develamiento de un motín en tres cárceles –Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara– ubicadas en Lima y Callao, puerto colindante a la capital peruana, entre el 18 y el 19 de junio de 1986. Los presos amotinados estaban acusados de pertenecer al grupo subversivo maoísta Sendero Luminoso. Más de 250 presos –la cifra exacta nunca se ha revelado– fallecieron durante el motín. La mayor parte de ellos fueron ejecutados por la policía y las fuerzas armadas luego de haberse rendido. Por esos hechos solamente fueron juzgados y sentenciados ocho policías, condenados por ejecutar a 126 presos rendidos en el penal de Lurigancho. En 1998 una comisión investigadora del Congreso determinó que García era responsable por la matanza por haber dado las órdenes que desembocaron en el masivo asesinato de presos, pero el documento fue archivado por la entonces mayoría aprista. Luego de la salida del gobierno en 1990, García fue denunciado penalmente, pero se salvó de ir a juicio gracias a una estrecha votación a su favor en el Congreso, que rechazó levantarle la inmunidad. En esa ocasión, los votos del fujimorismo salvaron a García. Pero el caso volvió a los tribunales en noviembre de 2002, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano reabrir el caso. Pero la fiscalía excluyó a García del juicio, argumentando que los cargos en su contra habían prescrito. Esa decisión contraviene las normas internacionales, adoptadas por el Perú, que determinan que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Con el mismo argumento de la prescripción también se ha librado del proceso penal al almirante en retiro Luis Giampietri, vicepresidente electo de García, quien estando en actividad tuvo un rol protagónico durante la matanza de El Frontón.

“La Justicia peruana se niega a abrirle proceso a García por la matanza de los penales, por eso nos parece importante que se haya abierto el caso en Chile”, le señaló a Página/12 Gloria Cano, abogada de los familiares delas víctimas de El Frontón. La decana del Colegio de Abogados de Lima, Greta Minaya, ha señalado que para que García pueda ser procesado en Chile previamente el Congreso debería levantarle la inmunidad de que goza al haber sido electo presidente, algo que se estima altamente improbable. Sin embargo, Cano tiene otra opinión: “La inmunidad que pueda tener García no se refiere a hechos anteriores a su elección como presidente”. La “masacre de los penales” es el caso más grave de ejecuciones extrajudiciales ocurrido durante el régimen de García, pero no el único. Con el respaldo de su gobierno, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una guerra sucia durante su combate a la subversión armada, que tuvo como sus principales víctimas a los habitantes de las zonas andinas. Nadie fue procesado a pesar de las numerosas denuncias y evidencias de violaciones a los derechos humanos, que incluían asesinatos masivos de campesinos.