La Justicia española decidió finalmente decretar la prisión de los ex dictadores guatemaltecos Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores, así como de otros cinco generales, por delitos de genocidio, terrorismo, asesinato, torturas y detenciones ilegales. La medida fue adoptada ayer por el juez Santiago Pedraz y supone la orden de captura internacional de los siete imputados, el embargo de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias, tanto de las que sean titulares, como las que estén a nombre de testaferros o terceras personas.

La medida supone que los acusados no podrán salir de Guatemala, ya que serían detenidos inmediatamente en la frontera o aeropuerto de cualquier país a la espera de su extradición a España para ser juzgados. Además, y para “evitar que usando sus medios materiales puedan seguir burlando la acción de la Justicia”, el juez reclama de los organismos pertinentes que bloqueen las cuentas que los acusados puedan tener en cualquier país. La medida tiene gran importancia, pues aunque todos ellos tengan la mayor parte de su fortuna en Guatemala, los dictadores latinoamericanos suelen tener fondos en EE.UU. o en Suiza, como ocurrió con el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

A los acusados se les imputan los asesinatos de 250.000 indígenas de la etnia maya, así como los de 35 personas más en el caso del asalto de la Embajada de España en 1980 y los de otros cinco sacerdotes españoles.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.