Por presiones del Congreso y la prensa, el ejército norteamericano decidió no renovarle el contrato a la empresa petrolera y de servicios que venía acaparando negocios en Irak y Afganistán.
› Por José M. Calvo *
Desde Washington
El Ejército estadounidense no prorrogará el megacontrato que suscribió en 2001 con el conglomerado petrolero y de servicios Halliburton. Kellogg Brown & Root –KBR–, de Halliburton, dedica unas 50.000 personas a proporcionar combustible, agua, alimentación, lavandería y otros servicios de infraestructura a las tropas en Irak, Kuwait y Afganistán, y ha recibido serias críticas en el Congreso e investigaciones por los altos precios, las sospechas de fraude y el bajo rendimiento. La interrupción se debe, según un portavoz del Pentágono, a las “lecciones aprendidas” con la experiencia.
Parte de los contratos multimillonarios otorgados a KBR por cantidades –que suman más de 17.000 millones de dólares, de los que 15.400 corresponden a Irak– no fueron sometidos a concurso público, sino adjudicados a dedo. Halliburton, basado en Texas, estuvo bajo la dirección de Dick Cheney antes de que fuera vicepresidente. Para evitar la acumulación en una sola empresa, es muy posible que Defensa divida en tres las adjudicaciones. A las nuevas subastas podrá acudir KBR. Una portavoz del grupo dijo que la no renovación es algo común y defendió la labor de KBR, que ha preparado, añadió, “375 millones de comidas y transportado cientos de millones de litros de combustible”, entre otras cosas. Pero el demócrata Byron Dorgan dijo que ha habido “cientos de millones de dólares mal gastados, una cantidad increíble de despilfarro y quizá de fraude”. Dorgan enseñó una toalla de las que usan los soldados y dijo que costaba el doble porque KBR se empeñó en marcar sus iniciales. Y su compañero Henry Waxman dijo: “Los contribuyentes pueden respirar mejor al saber que se van a acabar los días de las cajas de bebidas a 45 dólares y las lavadas de ropa a 100 dólares”.
En Irak, la seguridad de la provincia de Muthanna, en el sur del país y hasta ahora en manos de británicos y australianos, ha pasado a los iraquíes. Es la primera transferencia de esta magnitud. El primer ministro, Nuri al Maliki, asistió a la ceremonia y advirtió al gobernador, Mohamed Ali al Hassani, de que “los terroristas harán lo posible para que este experimento fracase, pero le prometo que le daremos todo el apoyo que necesite”. Las fuerzas de la Coalición seguirán allí, pero fuera de las ciudades y en tareas de respaldo. “La transferencia de seguridad hará que los iraquíes entiendan que la ocupación terminará un día”, dijo Hassani. El gobernador dirigirá la policía local y podrá pedir ayuda a las tropas y a la policía nacional de la provincia que dependen del gobierno central.
El 25 de julio, Al Maliki irá a la Casa Blanca para ver a George W. Bush, que lo visitó por sorpresa en Bagdad hace un mes. Su compromiso de poner fin a la violencia entre los grupos no ha dado ningún fruto, y las represalias continúan. Además, el gobierno iraquí quiere intervenir en la investigación sobre las acusaciones de violación y asesinato de una mujer y de su familia. Según la Casa Blanca, Irak “avanza en seguridad, recuperación económica y reconciliación”, y Bush hablará con Maliki de “cómo EE.UU. puede apoyar mejor al primer ministro en esas áreas”.
En Bagdad, el ex presidente Saddam Hussein ha iniciado una nueva huelga de hambre para protestar por la falta de seguridad de sus abogados. Según el portavoz del tribunal que los juzga, los abogados del ex dictador han rechazado la misma oferta de protección que tienen jueces y fiscales, alojados en la ultraprotegida Zona Verde de la capital iraquí.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.
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