La ex agente de la CIA Valery Plame y su marido, el ex embajador Joseph Wilson, presentaron una demanda contra el vicepresidente estadounidense Dick Cheney, el asesor presidencial Karl Rove y el antiguo jefe de gabinete Lewis “Scooter” Libby, acusando a los tres de haber revelado su identidad como agente encubierta. Plame y Wilson iniciaron el proceso ante el tribunal federal de Washington por violación de sus derechos constitucionales y de su vida privada.

El matrimonio dice que, después de que Wilson acusara a Bush en julio de 2003 de distorsionar la inteligencia sobre la búsqueda de armas de destrucción masiva de Irak para justificar la invasión, Cheney, Rove y Libby conspiraron para “desacreditar, castigar y vengarse de los demandantes que incluía, entre otras cosas, revelar a los miembros de la prensa el empleo de Valerie Plame Wilson en la CIA”. Posteriormente, muchos artículos de prensa revelaron que Valerie Plame era una agente de la CIA y una periodista de The New York Times admitió haber hablado del matrimonio Plame-Wilson con Libby. En Estados Unidos, revelar “intencionalmente” la identidad de un agente secreto es delito.

Plame y Wilson piden una compensación económica no especificada por lo que ellos dicen que es una “invasión a la privacidad” que podría poner en peligro la seguridad de sus hijos y convertir a Plame en un blanco para los enemigos de Estados Unidos. También sostienen que el incidente había perjudicado su vida profesional. Aunque Plame afirma que se frustraron sus oportunidades para trabajar como agente secreto para la CIA, no fue despedida pero se retiró de la Agencia.

Pero los analistas legales dijeron que la demanda civil podría abrir nuevos caminos para extraer información de la administración Bush por parte de Plame y Wilson, es decir, podrían tener el derecho de exigir documentos de Cheney y los otros. También que éstos se presenten para hacer declaraciones juradas, como cuando el presidente Bill Clinton tuvo que responder a preguntas bajo juramento en el caso de Paula Jones por acoso sexual. Akhil Amar, un profesor de leyes de la Universidad de Yale, sostiene que Cheney puede alegar que lo que “hizo fue simplemente hablar y no disparar. Se puede amparar en la Primera Enmienda”.

La Casa Blanca declinó hacer comentario sobre la demanda, y lo mismo sucedió con la oficina del vicepresidente donde la vocera, Lea Anne McBride, dijo que no podía comentar ya que los temas estaban ante una corte en el juicio de Libby. Pero la demanda se puede enfrentar a dificultades mayores, especialmente en el tema de si los funcionarios gozan de inmunidad por sus acciones. Por norma general, los funcionarios federales pueden ser demandados por violar los derechos constitucionales de alguien, si una persona razonable cree que han violado una “ley claramente establecida”.