La estructura represiva de la dictadura de Augusto Pinochet queda cada vez más al descubierto. Un ex piloto del Comando de Aviación del Ejército chileno, identificado como Chino Campos, le confesó ayer a la Justicia que arrojó cinco cuerpos de militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) desde un helicóptero oficial por orden de Pinochet. Este caso, uno de los últimos antes de la llegada de la democracia, no había sido incorporado en el informe que los militares dieron al gobierno de Ricardo Lagos en 2001. Según el abogado querellante, Nelson Caucoto, todavía queda verificar varios elementos de esta declaración, comenzando con el lugar donde fueron arrojados los cuerpos. “Pero lo importante es que la Justicia le ha demostrado a la sociedad chilena que a pesar del tiempo se puede descubrir lo que pasó, incluso, de la boca de los propios protagonistas”, aseguró en diálogo con Página/12.

El juez Hugo Dolmestch –que ya fue aprobado para asumir en la Corte Suprema– está investigando el secuestro y el asesinato de los militantes de izquierda Gonzalo Fuenzalida, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltés, Alejandro Pinochet y Manuel Sepúlveda en 1987. La declaración del Chino Campos permitió finalmente reconstruir toda la historia, desde el arresto hasta que fueron arrojados al mar. Los cinco hombres habían sido detenidos por la Central Nacional de Informaciones (CNI) para utilizarlos en un canje por el coronel Carlos Carreño, secuestrado por el FPMR días antes. Pero una vez en el cuartel de la CNI, el gobierno de facto reafirmó su postura de no negociar con los “terroristas” y ordenó su ejecución. Se decidió entonces matarlos. Un agente de la DINA –la policía secreta del régimen pinochetista–, que cuatro años atrás se suicidó, los mató inyectándoles un veneno. Y ahí entra el Chino Campos en la historia. Según publicó el diario chileno La Nación, en septiembre de ese mismo año, el ex piloto recibió la orden de su superior, el coronel Mario Navarrete, de “retirar unos paquetes”. Los “paquetes”, le dijeron, debían ser transportados en helicópteros del gobierno y arrojados al mar. Según el testigo, la orden vino directamente del dictador.

Para evitar que los cuerpos salieran a la superficie en las costas de San Antonio, los oficiales los ataron a todos juntos con rieles de tren. En su relato, también destacó que su copiloto en el viaje fue un oficial que actualmente se encuentra en servicio activo en una agregaduría militar en Europa. La Nación no quiso divulgar el nombre, pero adelantó que posiblemente el juez Dolmestch lo procese en los próximos días. Hasta ahora, ya están comprometidos seis importantes oficiales en retiro –entre ellos el jefe de la CNI, el general retirado Hugo Salas Wenzel– y tres empleados civiles.

En los informes entregados por las Fuerzas Armadas y los Carabineros, cinco años atrás, se daban detalles sobre unas 1200 desapariciones. En la llamada Mesa de Diálogo los militares dieron datos concretos sobre el lugar donde estarían enterradas algunas de estas personas, permitiendo la recuperación de más de 170 cuerpos. La gran mayoría de los desaparecidos, sin embargo, habían sido exhumados, incinerados, lanzados al mar, según afirmaron en aquel momento los antiguos jerarcas de la dictadura. La DINA, en tanto, no aportó mayores precisiones ya que, según afirmó, sus archivos habían sido quemados.

Las malas noticias no terminan para Pinochet. La Corte Suprema confirmó ayer un nuevo desafuero por dos nuevos casos dentro de la operación militar de 1973, denominada Caravana de la Muerte, en la que murieron 75 militantes de izquierda. El máximo tribunal consideró que había razones suficientes para permitir el procesamiento del ex dictador en la investigación por el secuestro y el asesinato de dos ex guardias del presidente asesinado Salvador Allende, Wagner Salinas y Francisco Lara. Estos dos casos pudieron ser juzgados porque no pertenecían al primer proceso que se hizo por la Caravana de la Muerte, que terminó con el fallo de la Corte en 2002, que ordenó cerrar la investigación argumentando que Pinochet sufría demencia moderada. Sólo cuatro años después, el ex dictador fue rediagnosticado y ahora es lo suficientemente sano para ser juzgado por los crímenes de la dictadura.