Hace 12 años, Andrés Manuel López Obrador encabezaba mítines entre pantanos y pozos petroleros del exuberante estado de Tabasco, casi en la frontera con Guatemala, a los que asistía media docena de campesinos. El domingo pasado, el candidato de izquierda a la presidencia de México reunió a más de 2 millones de personas de todos los estratos sociales, en pleno corazón de la capital del país.

El lunes, el presidente Vicente Fox invocó la “protección y respaldo de las Fuerzas Armadas” para “el México de libertades e instituciones” –algo que, por cierto, incomoda al ejército–, luego de que la resistencia civil encabezada por López Obrador escalara a niveles sin precedentes en la inacabada transición democrática mexicana, como resultado del conflicto postelectoral desatado tras los cerrados comicios que extraoficialmente dan al derechista Partido Acción Nacional (PAN) una ventaja de apenas 0,58 por ciento, equivalente a sólo 243 mil 934 votos, de un total de 41 millones 791 mil 322 sufragios emitidos el pasado 2 de julio.

Como si fuera un conjuro, horas después del desatino presidencial, los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron abrir un período denominado “incidente de previo y especial pronunciamiento de sentencia”, en relación con el llamado juicio madre interpuesto por la coalición Por el Bien de Todos, de López Obrador, a fin de determinar si procede o no la apertura total de los paquetes electorales, tal como lo ha demandado el candidato.

La decisión, que fue publicada en los estrados del Tribunal Electoral el lunes por la noche, supone dar vista a las partes involucradas en el juicio de inconformidad (la coalición de López Obrador, el PAN como tercero interesado, y el Instituto Federal Electoral como acusado), a fin de que aporten elementos relacionados con la demanda de apertura de los paquetes electorales. Fuentes conocedoras de los procedimientos del tribunal prevén que, en las primeras dos semanas de este mes, los magistrados determinarán si realizan o no el recuentode votos y, en su caso, si lo hacen de manera total o parcial.

Por lo pronto, desde la tarde del domingo 30 de julio, el candidato de la izquierda y varios miles de personas provenientes de todo el país –incluidos cientos de militantes, legisladores electos y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido del Trabajo (PT) y de Convergencia por la Democracia (CD), integrantes de la coalición Por el Bien de Todos que lo postuló– mantienen 47 campamentos permanentes que cerraron la circulación de vehículos a lo largo del céntrico Paseo de la Reforma –una de las más importantes avenidas que cruza el corazón financiero– y se internan por el centro histórico de la Ciudad de México hasta el Zócalo, la plaza donde se encuentra la sede oficial de los gobiernos de la república y de la capital mexicana, como una medida de presión para que el Tribunal Electoral limpie la elección presidencial y ordene volver a contar voto por voto, casilla por casilla.

No es poca cosa lo que está en juego. Al exigir el recuento de votos emitidos en la elección de presidente de la República, López Obrador plantea una salida política a un conflicto más profundo: la desconfianza que contamina la relación de los actores políticos con las instituciones democráticas mexicanas. En esa relación es clave conciliar legalidad y legitimidad para quien finalmente ocupe el cargo público más importante del país.

En esto coinciden incluso algunos partidarios de Felipe Calderón, el candidato de la derecha que se opone al recuento, como el empresario Francisco de Paula, quien hace seis años fue uno de los promotores del voto útil a favor del hoy presidente Vicente Fox, y ahora encabeza un grupo ciudadano que ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigar las presuntas violaciones al voto público.

Lo que lamentan intelectuales tanto de izquierda como de derecha es la polarización de la sociedad, que si bien se mantiene en cauces más que civilizados, es exacerbada por los repetitivos discursos públicos de López Obrador y de Calderón, que insisten en proclamarse “presidente” y no parecen dispuestos a ceder ante su adversario. Esto ha generado zozobra entre panistas y perredistas, porque ambos grupos sienten que les quieren arrebatar un triunfo que suponen obtenido en las urnas.

Y lo peor es la sensación generalizada de engaño: cuando los mexicanos creían haber construido un sólido entramado que normalizaba la lucha política, resulta que la calidad de su democracia no es tal, porque las instituciones electorales simplemente no funcionaron: el Instituto Federal Electoral perdió su papel como árbitro y se convirtió en parte acusada en un litigio jurídico, bajo sospecha de parcialidad en favor de la derecha, en contubernio con el presidente Fox.

La falta de confianza y transparencia en el proceso electoral es de tal magnitud que la revista Proceso –el semanario de mayor prestigio en este país– recurrió a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para solicitar al Instituto Federal Electoral copias de los documentos, actas y boletas electorales para realizar un recuento independiente –con el apoyo de grupos ciudadanos– de los casi 42 millones de votos emitidos en los comicios del 2 de julio. Reputados académicos consideran que la solicitud de Proceso resultará una prueba de fuego para la democracia y el sistema de rendición de cuentas en México.

Esta solicitud de acceso a información electoral no tiene precedente a esa escala en el mundo. El único antecedente que se le acerca es la petición que, con base en la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), hicieron los diarios estadounidenses The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal para revisar la votación en el estado de Florida, alterada por fraude, que decidió las elecciones del año 2000 entre los candidatos Albert Gore y George W. Bush.

Gran parte de la responsabilidad de esta crisis recae en el presidente Vicente Fox, quien durante sus seis años de administración fue incapaz de aglutinar a grupos políticos, sociales y económicos heterogéneos en torno a un proyecto de nación compartido. Fox no sólo escamoteó la consolidación de la transición democrática en México, sino que terminó cediendo a la tentación de utilizar todos los recursos extralegales al alcance de la presidencia de la República para favorecer al candidato de su partido. Este lunes Fox llegó al extremo de apelar a la “protección y respaldo de las Fuerzas Armadas” para reclamar respeto a las “instituciones y la democracia”. Fue durante la inauguración de las instalaciones de la Sexta Brigada de Infantería Ligera del Ejército Mexicano, en el Campo Militar número 1, en la Ciudad de México, y en presencia del secretario de la Defensa Nacional, el general Gerardo Vega García, Fox dijo: “Para el México de las libertades e instituciones, es fundamental contar con la protección y respaldo de las Fuerzas Armadas”.

Esa fue la segunda ocasión en apenas tres días en la que Fox invocó a los militares. En medio de la incertidumbre electoral, el viernes, en Alvarado (un puerto ubicado en el estado de Veracruz, en el centro del golfo de México), Fox aprovechó la ceremonia de graduación de cadetes de la Escuela Naval Militar para hablar también del “México de libertades y democrático”, garantizado por las Fuerzas Armadas. En esa ocasión, su discurso lo dio ante el secretario de Marina, el almirante Marco Antonio Peyrot González.Sin embargo, después de haber sido utilizadas en la guerra sucia que padeció este país en los años ’60 y ’70, las Fuerzas Armadas mexicanas no aprecian verse involucradas en la arena política. Según despacho de la agencia Argenpress, hace dos años –el 30 de junio de 2004–, el general Vega García dijo: “Sabemos lo que sucede, pero no nos corresponde a nosotros, de ninguna manera, entrar a los terrenos de la política. Si bien es cierto que las fuerzas armadas tienen las armas, que son precisamente para defender a la patria, pero nunca el poder político. Vuelvo a repetir, ¡nunca el poder político!”.

Otras versiones periodísticas revelaron que un mes antes de las elecciones presidenciales, el secretario de Gobernación –el ultraconservador Carlos Abascal– solicitó movilizar tropas, supuestamente para enfrentar problemas de seguridad pública. El general Vega Alvarado se negó y le cuestionó: “¿A qué candidato a la presidencia beneficiaría?”.

Así, mientras el conflicto postelectoral corre por dos pistas, la jurídica y la movilización política, en escalada, el caos ahoga gran parte de la ya de por sí conflictiva capital mexicana.

Grupos empresariales ya reclaman la renuncia del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el perredista Alejandro Encinas, por brindar apoyo abierto a la resistencia civil lopezobradorista, la cual provoca pérdidas diarias calculadas en 125 millones de pesos (unos 40 millones de pesos argentinos) a los comercios y prestadores de servicios del centro de la ciudad, muchos de los cuales permanecen cerrados desde el domingo. No obstante, la Secretaría de Hacienda aseguró el lunes que el conflicto postelectoral no ha afectado las principales actividades económicas en el país, e incluso subió de 4 a 4,5 por ciento su estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año. La capital del país aporta el 22 por ciento del total del ingreso nacional.

Pero millones de habitantes de esta ciudad padecen el caos vial generado por la movilización de protesta que ya rebasa cualquier límite conocido antes. Trayectos en automóvil que normalmente toman menos de 30 minutos ahora representan casi dos horas entre bocinas que no dejan de sonar, calles que han cambiado el sentido de la circulación, transporte público saturado que ha debido alterar sus rutas y miles de personas que se abren paso entre los vehículos, resignadas a caminar algunos kilómetros para ir y venir de sus centros de trabajo.

La televisión –aliada del candidato del PAN y beneficiaria del gobierno foxista– lo hace parecer aún peor, minimizando los alcances de la movilización social y resaltando todo aquello a lo que afecte.

Pese a la desbordada campaña mediática en contra de López Obrador, ha sido un noticiero del Instituto Mexicano de la Radio –de naturaleza pública– el que ha permitido vislumbrar los alcances del apoyo popular, al contar la historia de una mujer de 65 años a la que, pese a tener que caminar más de una hora para ir a trabajar, todavía le queda aire suficiente para decir a un micrófono: “Sí, me canso, pero no importa. Esto vale la pena”.