A diez días de que se desbaratara un presunto complot para hacer explotar 10 aviones en vuelos transatlánticos entre el Reino Unido y Estados Unidos, hay 23 detenidos en Gran Bretaña, 17 en Pakistán, 36 domicilios allanados, 19 cuentas bancarias congeladas y ningún acusado. A nivel oficial, la información es escasa y prácticamente no ha variado desde que el jueves 10 de agosto se diera a conocer el gigantesco operativo policial para impedir un “inminente complot de incalculables consecuencias”. A nivel extraoficial, abundan las espectaculares revelaciones de fuentes de seguridad que vinculan este complot con una compleja red global y con los atentados del 7 de julio del año pasado en Londres, que dejaron un saldo de 56 muertos y más de 700 heridos. La última de estas revelaciones es la presunta existencia de videos de reivindicación de los atentados suicidas en algunos de los ordenadores requisados por la policía.

Los arrestados en el Reino Unido son todos británicos, la inmensa mayoría descendientes de paquistaníes, y fueron detenidos en zonas con fuerte presencia musulmana de Londres, Birmingham y Buckinghamshire. Según la versión oficial, el plan de las células era subir a 10 vuelos distintos, armar los explosivos en el avión a partir de líquidos inflamables y detonarlos en medio del Atlántico para no dejar rastros de su modus operandi. Según las fuentes de seguridad, la mayoría de los arrestados pertenecían o tenían vínculos con una organización fundamentalista islámica legal en el Reino Unido, Tablighi Jamaat, a la que habían estado relacionados dos de los responsables del 7-J, Mohammed Siddique Khan y Shehzad Tanweer.

La investigación comenzó poco después del 7-J gracias a los datos que proporcionó un informante. Según las fuentes citadas por medios británicos, esta pista extendió la investigación del MI5, el servicio secreto de seguridad interior, a Pakistán, sitio clave por los vínculos que el gobierno militar tuvo en su momento con el fundamentalismo Talibán afgano y Al Qaida. El gobierno de Pervez Musharaff es hoy un firme aliado de Occidente en la “guerra contra el terrorismo” y fue el arresto hace cuatro semanas en Islamabad de Rashid Rauf, un británico de 25 años de ascendencia paquistaní, el que precipitó la última fase de la megainvestigación británica. Según algunas fuentes de seguridad, Rauf tenía vínculos directos con Al Qaida.

Lo cierto es que a diez días de un operativo lanzado para evitar un inminente complot no hay ningún acusado. Algunos opinan que esto no es relevante, ya que la policía puede interrogar a los detenidos durante 28 días sin formular cargos e intentará aprovechar esto hasta último momento para encontrar el máximo nivel de pruebas posibles. Otros expresan crecientes reservas sobre el operativo. Expertos en temas de explosivos señalan que era prácticamente inviable la fabricación de una bomba en el avión a partir de sustancias inflamables. Grupos islámicos británicos recuerdan que de los más de mil musulmanes detenidos bajo la ley antiterrorista sólo un 12% fue llevado a la Justicia y de este porcentaje, el 80% fue absuelto. Enfatizan además que la mayoría de ese porcentaje mínimo de condenas fue hallado culpable de temas que no tenían nada que ver con terrorismo, como hurtos o visas fuera de fecha. Este viernes el ex embajador británico en Uzbekistán Craig Murray resumió las dudas de muchos en un artículo para el matutino The Guardian. “Es extraño que la policía no tenga pruebas suficientes para presentar cargos contra los detenidos. Si el atentado era inminente, si iba a resultar en muertes masivas, ¿cómo puede ser que no se haya encontrado ninguna bomba, que ninguno de los terroristas hubiera comprado pasajes, que la mayoría no tuviera pasaportes? Según la prensa, fue gracias a la detención en Pakistán que se reveló este complot. Los interrogatorios en Pakistán hacen que la gente cante como pájaros. Conozco muy bien los métodos. Son los que se usan en Uzbekistán y no cabe duda de que la gente puede confesar las cosas más asombrosas”, indicó Murray.

El gobierno ha justificado la escasa información oficial diciendo que se trata de una investigación en curso y que temen dar datos que perjudiquen la posibilidad de iniciar un juicio. Por el momento, la policía tiene tiempo. Bajo la ley antiterrorista vigente, puede mantener un arresto sin presentar cargos durante 28 días, aunque tiene que renovar periódicamente esta autorización con la Justicia. El jueves 7 de septiembre se cumplirá ese plazo. Allí se sabrá el valor real del más importante operativo antiterrorista de los últimos años.