El ritual se pareció al del 1º de mayo, cuando el presidente boliviano Evo Morales ocupó, junto a las Fuerzas Armadas, los campos petroleros. Pero esta vez no se trataba de gas y petróleo sino de reservas forestales, hasta ahora a merced de intereses privados de todo tipo, especialmente empresarios madereros nacionales y extranjeros. Según datos del superintendente Forestal, José Martínez, difundidos por la agencia oficial ABI, el negocio de la madera –en gran parte tráfico ilegal en complicidad con las autoridades locales– mueve anualmente unos 16 millones de dólares.

Bolivia cuenta con unos 40 millones de hectáreas forestales y 20 parques y reservas nacionales y uno de los centros de operación más impune de los traficantes es el norte de La Paz, poblado de una variedad de riquezas madereras como la codiciada mara. Este fue el lugar elegido por el mandatario para anunciar la “nacionalización de las reservas forestales y áreas protegidas”. “Estamos acá para sentar soberanía en todo nuestro territorio nacional y defender nuestra dignidad y nuestros recursos naturales”, dijo Morales el sábado desde la localidad de Cocos Lanza, situada a 650 kilómetros al norte de La Paz, en la frontera con Perú. Esta población aislada –hacen falta cinco días de caminata para llegar por vía terrestre– forma parte de los 18.000 kilómetros cuadrados del Parque Nacional Madidi, una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo.

El plan anunciado por Morales comprende la reversión al Estado de las reservas forestales en manos privadas, la presencia de las FF.AA. en las zonas de frontera y la creación de infraestructura para los pobladores de estas regiones remotas, incluyendo escuelas, postas médicas y planes de desarrollo productivo. “Se solicitará apoyo de las Fuerzas Armadas para los procesos de control y combate al tráfico ilegal de la madera en el país, principalmente en áreas fronterizas y zonas rojas ya identificadas”, continuó el mandatario, quien logró que este tema, normalmente ignorado por los bolivianos, ocupe las primeras páginas de los diarios del domingo y desplazara la pelea con la oposición por el gas y la Constituyente.

El diagnóstico del nuevo titular del Servicio Nacional de Areas Protegidas (Sernap) es demoledor. “Es una paradoja que, siendo Bolivia una de las quince naciones con mayor biodiversidad del mundo, en estos últimos diez años el Sernap se haya convertido en una isla de saqueo e impunidad en beneficio de oligarquías locales, mafias ilegales que trafican madera, oro y recursos de biodiversidad, y ONGs que dicen preservar el medioambiente pero que terminan asociadas con las empresas petroleras”, dice Herland Flores Soruco, oriundo del Chaco boliviano. Y explica lo que entiende por nacionalización de las áreas protegidas: “Nacionalizar es, primero, incorporar a los pueblos indígenas y comunidades campesinas originarias -los verdaderos defensores del medio ambiente– en todos los niveles de gestión de las áreas protegidas; segundo, integrar los parques nacionales al resto del territorio nacional, rompiendo el aislamiento crónico que sufren la mayoría de ellos y la vulneración constante de la soberanía nacional en las regiones fronterizas. Finalmente, aprovechar la biodiversidad en beneficio de todos los bolivianos”.