Dos videos dados a conocer en la noche del domingo por la televisión local han puesto en apuros al presidente Alan García y al líder de la oposición, Ollanta Humala. Mientras uno de los videos amenaza con arrastrar a García a un escándalo de corrupción, el otro complica la situación de Humala en el proceso penal que la Justicia le ha iniciado por violaciones a los derechos humanos.

En uno de los videos, grabado en un parque de Lima, se ve a un hombre, identificado como Rubén Gómez, ofreciéndole 20 mil dólares a Teresa Avila y María Sullca, dos testigos clave en el juicio contra Humala, para que se retracten de la declaración que dieran ante la fiscalía acusando a Humala de ser el responsable del secuestro y la desaparición de los esposos Benigno Sullca y Natividad Avila. María es hija de los dos desaparecidos y Teresa es hermana de Natividad. Los esposos Sullca Avila fueron secuestrados en junio de 1992 de su casa, ubicada en un pequeño poblado de la selva, por una patrulla militar de la base contrasubversiva de Madre Mía, que estaba al mando del entonces capitán Ollanta Humala. Ambas rechazaron el soborno y denunciaron el hecho, que ahora es investigado por la fiscalía. Humala reaccionó rápidamente, negando cualquier vinculación con el intento de soborno y reiterando su denuncia de que todas las acusaciones en su contra son parte de una persecución política.

En el otro video aparece el ex ministro del Interior del primer gobierno de García, Agustín Mantilla, reunido con un grupo de dirigentes del oficialista partido aprista, a quienes les revela que, como secretario general del APRA, en el 2000 recibió 30 mil dólares de Vladimiro Montesinos –el encarcelado brazo derecho del ex presidente Fujimori– a cambio de apoyo político. “He pasado duras circunstancias, solamente me limito a decir que cumplí órdenes y acepto las consecuencias”, confesó Mantilla a sus interlocutores, quienes lo aplaudieron. Esta conversación ocurrió un día después de que García asumiera el poder, el pasado 28 de julio, y pocas semanas después de que Mantilla abandonara la prisión, luego de pasar cuatro años y medio detenido por este caso. Mantilla no precisó quién le dio las órdenes, pero todas las sospechas recayeron en García, quien era el jefe político de Mantilla cuando ocurrieron esos hechos. Mantilla, quien antes de ser ministro fue secretario personal de García, siempre fue considerado como uno de los más leales a García dentro del APRA.