La Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) está infiltrada desde hace cuatro meses por agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación, quienes en el curso de esta semana supervisaron un plan elaborado por el gabinete de seguridad del presidente Vicente Fox para detener a los dirigentes del movimiento, el cual ya fue aceptado por el presidente electo, el derechista Felipe Calderón.

La propuesta de un operativo policíaco federal, coordinado con el gobierno estatal, ya fue entregada al secretario de Gobernación, Carlos Abascal, quien estaría discutiendo con el presidente la viabilidad para llevarlo a la práctica. Sin embargo, fuentes citadas por el diario La Jornada sostienen que existe el temor de que las cosas se salgan de control y el uso de la fuerza pública provoque un enfrentamiento armado que manche de sangre la administración foxista. Estas valoraciones complican la estrategia gubernamental para resolver el conflicto en Oaxaca, que pretende lograr para el próximo miércoles un acuerdo político con diversos sectores y personajes de la entidad que disminuiría el poder del gobernador Ulises Ruiz, así como destinar más de 250 millones de pesos para salarios del magisterio y promover una reforma educativa y autonomía presupuestal para este gremio.

El uso de la Policía Federal Preventiva (PFP) para “reestablecer el orden” y aprehender a los dirigentes de la APPO podría ocurrir el fin de semana posterior a que se consiguiera el acuerdo con sectores clave del estado. En cualquier caso, todos los movimientos de la APPO son monitoreados por agentes de inteligencia que fueron infiltrados desde el inicio del movimiento y reportan a la Secretaría de Gobernación, que encabeza una reunión permanente del gabinete de seguridad foxista, con los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República.

Al margen de la decisión federal, las voces que reclaman mano dura recibieron ayer un fuerte revés, luego de que apenas algunos comercios medianos y gasolineras cerraron sus puertas en el centro histórico y en barrios residenciales, en respuesta al llamado de las cámaras empresariales para realizar un paro de la iniciativa privada durante 48 horas. Los grandes almacenes, los restaurantes asociados a franquicias, los mercados públicos, el pequeño comercio, los autobuses urbanos y los taxis trabajaron normalmente.

Pese al fracaso del paro empresarial, la APPO mantiene la “alerta roja” en sus barricadas en el centro histórico de Oaxaca, medida que se fortaleció luego de que el miércoles por la noche los profesores oaxaqueños anunciaron que no regresarán a clases hasta que destituyan o renuncie el gobernador priísta Ulises Ruiz.

Pero nada de esto disminuye la tensión en la capital oaxaqueña, por lo que ayer las voces en contra del uso de la fuerza pública se multiplicaron: senadores de todos los partidos insistieron en dar una salida política al conflicto, y hasta el dirigente nacional del PAN –el partido de Fox y de Calderón– se pronunció por una salida que no implique violencia, aun cuando se llegara a aplicar algún operativo para reestablecer el orden.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las reiteradas solicitudes para enviar la fuerza pública federal a Oaxaca no es otra cosa que “una amenaza velada”. El ombudsman José Luis Soberanes cuestionó el manejo político del conflicto y anticipó un panorama aún peor que el vivido en los últimos cuatro meses: “Me temo que Fox le esté heredando el conflicto al siguiente presidente, y si vamos a tener un presidente impugnado y debilitado que resuelva el conflicto, los augurios no son buenos”.